El Comité Interinstitucional de Santa cruz presentó este lunes por la tarde el proyecto de ley corta que convierte en ley nacional el Decreto Supremo 4824 que fija la fecha del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024, la redistribución de los recursos de coparticipación en septiembre de ese mismo año y la nueva distribución de escaños parlamentarios.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y el asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron los encargados de dar a conocer los pormenores de la propuesta en una conferencia de prensa.
Según la explicación de Santistevan, la propuesta consta de dos artículos y el principal refiere a la normatividad sobre la aplicación de los datos del Censo para así garantizar el cumplimiento de la redistribución de recursos en septiembre 2024, pero también apunta que el Gobierno entregue los datos al Órgano Electoral como máximo la primera semana del mes de diciembre para viabilizar la nueva configuración de los escaños parlamentarios para que se apliquen en las elecciones generales de 2025.
Mientras que el segundo artículo establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe proceder de forma inmediata –una vez recibidos los datos en diciembre de 2024– a elaborar un nuevo proyecto de ley para concretar la nueva composición distribución de escaños entre departamentos, tema que debe ser remitido a la Asamblea Legislativa.
Santistevan sostuvo que esto dará las garantías jurídicas para que se cumpla con las demandas cruceñas y también advirtió que el documento no establece la fecha del Censo de Población y Vivienda; esto último estará en manos de la propia Asamblea Legislativa y del Órgano Ejecutivo, de acuerdo con la explicación.
“Creemos que el año y realización del Censo debe ser en el 2023, por mandato del Cabildo. Pero hay un decreto y será la Asamblea la que por ley resuelva cuándo debe realizarse. Nosotros lo que apuntamos es que los datos estén listos en 2024 para ser aplicado en la gestión 2025-2030”, sentenció.
La propuesta emerge después de que la ciudadanía definiera en el cabildo que los legisladores nacionales deben gestionar la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025.
Esta iniciativa será interiorizada y coordinada con los miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña, por lo que ya se están gestando acercamientos entre los tres bloques políticos que componen la Asamblea Legislativa.
Cuellar sostuvo que la propuesta es una alternativa de solución que nace del seno del área técnica del Comité interinstitucional impulsor del censo.