Vintage Petroleum Boliviana invertirá hasta 70 millones de dólares, aproximadamente, durante la primera fase de los proyectos exploratorios Sayurenda, Yuarenda y Carandaiti que abarcan los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, respectivamente.
El vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Enzo Michel, dijo que si los trabajos en su primera fase resultan negativos no generará pérdida económica al Estado y si son positivos la inversión se incrementará a 504 millones de dólares.
“Estamos hablando en una primera etapa, en la cual el operador, en ese caso Vintage, está haciendo actividad a su cuenta y riesgo y en caso de tener resultados negativos eso no va a generarle pérdidas al Estado y si sale positivo hablamos de una renta petrolera al menos 1.5 millones de dólares, en cuanto a recursos estamos estimando por encima de los 600 billones de pies cúbicos (BCF) o 0,6 trillones de pies cúbicos (TCF)”, señaló.
Michel agregó que lo atractivo de estas áreas es que tienen facilidades de superficie y sistemas de transporte muy cercanos a la zona. “En caso de tener buenos resultados nos permitirá entrar en producción en un año a un año y medio, quizá un poco menos cosa que no pasa en lugares un poco más complejos de acceder”.
El ejecutivo de la estatal petrolera opinó sobre el tema luego de la aprobación de los tres contratos de servicios petroleros en la Cámara de Diputados, el tema pasó al Senado. En primera instancia se aprobó mediante una ley, ahora resta otra similar disposición legal para la protocolización de los contratos, según establece la legislación vigente.
Los contratos
Los nuevos contratos de servicios petroleros son para las actividades de exploración y explotación en las áreas Carandaiti (Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz), Sayurenda (Tarija) y Yuarenda (Tarija).
Las inversiones en las actividades de exploración y explotación a realizar por la empresa operadora Vintage alcanzarían los 504 millones de dólares y el Estado boliviano podría obtener ingresos de al menos 1.500 millones de dólares, recursos que serán distribuidos entre el Gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades a través de regalías e impuestos para mejorar la calidad de vida de la población.