El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha emitido una orden de detención preventiva con fines de extradición en contra de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Dávila, conocido por su alias “Macho” durante su gestión bajo el gobierno de Evo Morales, es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde 2020, acusado de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
La decisión del TSJ marca el inicio de un complejo proceso de extradición que ha capturado la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades judiciales de ambos países. La orden judicial será notificada al exjefe antidrogas, actualmente recluido en el penal de San Pedro de La Paz bajo cargos de legitimación de ganancias ilícitas. Asimismo, los Tribunales Departamentales de Justicia serán informados para que acumulen cualquier otro proceso judicial pendiente contra Dávila en el país.
Según el auto supremo, se ha dispuesto un plazo de 10 días, más el tiempo necesario para notificar a las partes implicadas, para que Dávila pueda asumir su defensa. “A efectos de garantizar el debido proceso, se dispone la notificación del detenido con copia de la presente resolución y mandamiento a expedirse, otorgándosele el plazo de diez días, más lo de la distancia para que asuma defensa”, reza el documento judicial publicado por El Deber. Esta notificación es apenas la primera fase de un procedimiento que podría extenderse entre 10 y 90 días, en el que la Fiscalía General del Estado jugará un papel clave al determinar si la extradición procede o no.
El ministro de Justicia, Iván Lima, ha subrayado la importancia de seguir el debido proceso. Explicó que el siguiente paso en este caso dependerá de la formalización de la solicitud de extradición por parte de la Embajada de Estados Unidos, la cual deberá estar respaldada por pruebas suficientes contra el exjefe antidrogas. El gobierno, según Lima, cumplirá estrictamente con las disposiciones del TSJ, en apego al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho al debido proceso.
Este caso no solo tiene implicaciones legales significativas, sino que también pone de relieve la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Dávila, quien alguna vez fue un alto funcionario encargado de combatir el tráfico de drogas en Bolivia, ahora enfrenta un escenario complejo, con la posibilidad de ser extraditado y juzgado en Estados Unidos. El desenlace de este proceso será seguido de cerca por múltiples actores nacionales e internacionales, dado su potencial impacto en la lucha contra el crimen organizado y las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos.