El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició una reunión clave este lunes para definir la ruta hacia las elecciones del 15 de diciembre, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió los comicios en cinco regiones. Este encuentro, convocado por el TSE, busca trazar una vía que permita cumplir con el proceso electoral en el marco de la legalidad y la democracia.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, destacó la apertura del diálogo con representantes de órganos del Estado y líderes políticos, enfatizando la importancia de preservar el sistema democrático y garantizar el derecho al voto de los ciudadanos bolivianos.
El fallo del TCP responde a una demanda de postulantes inhabilitados en el proceso de selección de magistrados. La sentencia declaró desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, lo cual impacta directamente en el desarrollo de las elecciones. Vargas subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento exhortando a Bolivia a llevar a cabo elecciones inclusivas y efectivas.
El TSE ha convocado a representantes del Ejecutivo, presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y los 11 partidos políticos de alcance nacional, así como al presidente del TCP, para evaluar las medidas que puedan reconducir el proceso electoral.
Proyecto de ley y desafíos legales
En la reunión, el TSE presentará un proyecto de ley diseñado para subsanar el fallo del TCP, que según Vargas, genera inestabilidad en la administración de los procesos electorales. Argumentó que la sentencia compromete la autoridad del TSE en la organización de elecciones, vulnerando principios legales fundamentales como la preclusión, que impide anular fases del proceso electoral una vez completadas.
Implicaciones para la democracia
El TSE advirtió que decisiones judiciales como el fallo del TCP afectan la certeza y transparencia del proceso democrático. Vargas concluyó que estos antecedentes representan un desafío para la credibilidad de las elecciones, enfatizando la responsabilidad del TSE en la defensa de la democracia y la participación ciudadana.