La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha ordenado la inmediata reincorporación de Marco Uzquiano como jefe de protección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. Según el fallo, emitido por los magistrados René Delgado y José Sáez, el despido de Uzquiano por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) constituyó un acto de hostigamiento contra un defensor de derechos humanos.
El vocal José Sáez destacó que la desvinculación de Uzquiano careció de fundamentos legales, especialmente considerando que, apenas dos semanas antes, había obtenido una calificación perfecta en su evaluación de desempeño. El tribunal concluyó que el despido vulneró los derechos laborales y las garantías de protección especial reconocidas por la Constitución para los defensores de derechos humanos, estatus que Uzquiano ostenta según el Defensor del Pueblo.
Desempeño impecable y despido cuestionado
El tribunal calificó como “incongruente” la decisión del Sernap de despedir a Uzquiano tras otorgarle una evaluación de desempeño con puntaje perfecto. La entidad argumentó que el despido obedeció a un supuesto conflicto de intereses derivado de su rol como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), una organización dedicada a la protección ambiental. Según el Sernap, esta actividad era incompatible con su función pública.
Sin embargo, el análisis judicial desestimó la legitimidad del proceso administrativo iniciado tras la desvinculación, señalando que se trató de una medida de amedrentamiento. La sentencia subrayó que el despido no solo fue injustificado, sino que constituyó un acto de hostigamiento hacia un defensor de derechos humanos, quien, según la Constitución, debe contar con garantías especiales para ejercer su labor sin represalias.
Garantías contra futuros hostigamientos
Además de ordenar la reincorporación de Uzquiano, el tribunal dispuso medidas de protección adicionales para evitar futuros actos de hostigamiento en su contra. Estas acciones buscan garantizar su labor en la defensa de las áreas protegidas y los derechos humanos, según destacaron los magistrados en su resolución.
El fallo establece un precedente significativo para la defensa de los derechos laborales y la protección de activistas ambientales en Bolivia, reafirmando la necesidad de salvaguardar a quienes trabajan en favor de causas de interés público, muchas veces en contextos de alto riesgo.