El Tribunal de Garantías de Beni ha generado un fuerte impacto en el proceso electoral judicial previsto para diciembre, al declarar desierta la convocatoria a elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión fue tomada por el vocal constitucional Charles Mejía, quien falló a favor del abogado Hugo Vargas Palenque, aspirante a candidato al TSJ por el departamento de Beni, tras constatar irregularidades en el proceso de selección.
El fallo responde a una acción legal presentada por Vargas Palenque, quien cuestionó las bases de la convocatoria al señalar que no cumplía con los principios constitucionales de representación de género, pluralismo y requisitos departamentales. Como resultado, el Tribunal determinó inaplicar el artículo 37, numeral 2, de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, que permitía la inclusión de candidatos sin la nota mínima requerida en la evaluación realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este artículo permitía una excepción que favorecía a mujeres y representantes indígenas, pero el Tribunal consideró que su aplicación vulneraba los principios constitucionales.
“El fallo establece la declaratoria de desierta de las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional ante el incumplimiento de las exigencias constitucionales de género y representación plural”, dictaminó Mejía, subrayando la falta de un número mínimo de candidatos calificados para ambos tribunales.
Aunque la resolución afecta directamente al TSJ y al TCP, no se pronuncia sobre las elecciones pendientes para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que también estaban programadas para el 1 de diciembre. La decisión del Tribunal de Beni paraliza temporalmente el proceso, y la revisión final de la sentencia corresponde ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional. Hasta entonces, la Asamblea Legislativa Plurinacional no podrá tomar acciones respecto a las elecciones judiciales.
Este fallo es el segundo revés judicial en un mismo día contra las elecciones judiciales. Horas antes, un Tribunal de Garantías en Pando también declaró inhabilitada la convocatoria en respuesta a una demanda de la candidata María Esther Caero, quien objetó su exclusión y la inclusión de candidatos con puntajes inferiores. Ambas decisiones se basan en la inaplicación del mismo artículo 37 de la ley electoral.
La reacción desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha hecho esperar. Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, lamentó la paralización del proceso y calificó las resoluciones como “un golpe a la democracia”. Además, anunció que el organismo electoral interpondrá todos los recursos legales necesarios para reactivar el proceso y garantizar la celebración de las elecciones judiciales en la fecha prevista.
Este escenario plantea un desafío significativo para la continuidad del proceso electoral judicial, cuyo destino queda en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá pronunciarse sobre la validez de ambas sentencias en los próximos días.