La Fiscalía de Villa Tunari, Cochabamba, amplió la investigación contra los responsables del bloqueo promovido por simpatizantes de Evo Morales, acusándolos ahora de terrorismo. Esta decisión motivó que un juez de Sipe Sipe declinara su competencia y remitiera el caso a La Paz, donde se procesarán las acusaciones.
Durante 24 días, el bloqueo de carreteras convocado por el exmandatario y sus seguidores generó pérdidas millonarias en el país, impactando severamente a la economía y afectando el libre tránsito en diversas zonas. La denuncia inicial, interpuesta por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, apuntaba a Morales y su círculo cercano. Sin embargo, al activarse el proceso judicial, Morales fue excluido, aunque Cuéllar espera que sea citado a declarar en La Paz.
“El fiscal de Villa Tunari decidió ampliar las investigaciones a todas las personas implicadas en el bloqueo por terrorismo, y, de acuerdo con el Decreto Supremo 138, corresponde trasladar el caso a La Paz”, explicó Cuéllar. Esta disposición ha reorientado la denuncia hacia la sede de gobierno, donde se espera que las autoridades judiciales determinen las próximas diligencias.
Inicialmente, el proceso fue activado en Santa Cruz por bloqueos en la región de Yapacaní, trasladándose luego a Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, donde se presumía que se cometieron los delitos. El caso pasó a un juzgado en Sipe Sipe, pero la ampliación de la denuncia por terrorismo motivó que esta instancia también declinara competencia.
Cuéllar, en una reciente conferencia de prensa, enfatizó su expectativa de que Morales y otros implicados en posibles delitos de terrorismo, alzamiento armado, traición a la patria, asociación delictuosa y portación de armas se presenten ante la justicia en La Paz para declarar sobre sus presuntas responsabilidades en estos hechos.
El traslado de esta investigación a La Paz añade complejidad al proceso y subraya la gravedad de los cargos que ahora se les imputan a los organizadores y participantes del bloqueo, que, según los denunciantes, buscaba desestabilizar la economía y desafiar al actual gobierno. Este caso podría tener implicaciones significativas en la política boliviana, al plantear nuevos retos tanto en el ámbito judicial como en el escenario político, dada la influencia del expresidente Morales y el impacto de sus acciones sobre la población y el entorno gubernamental.