Un grupo de sicarios armados atacó el domingo por la tarde a Erland Ivar García, alias “El Colla”, resultando en la muerte de una persona y en la hospitalización de García, quien recibió cinco impactos de bala. “El Colla”, señalado por la Policía como el “testaferro” del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se encuentra ahora en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica cruceña.
El ataque no solo resalta la inseguridad en la región, sino que también ha generado una fuerte reacción del Gobierno, que ha señalado directamente al sistema judicial como responsable por la liberación de “El Colla”. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno expresó su rechazo hacia las decisiones del juez Primo Felipe Flores Rodríguez y los vocales de las salas penales de Santa Cruz, quienes, según la institución, facilitaron la liberación de García a pesar de las pruebas y la oposición presentada por el Ministerio Público.
“En fecha 05/08/23, se determinó la detención preventiva de Erland Ivar García, alias ‘El Colla’, no obstante, el juez de la causa y los vocales de las salas penales de Santa Cruz, a través de diferentes resoluciones, fueron favoreciendo al imputado otorgándole detención domiciliaria”, señala el comunicado. Esta decisión, que fue ratificada el 20 de junio de 2024 por la vocal Gladys Alba de la Sala Penal Primera, culminó el 30 de julio con la liberación total de García, ordenada por el juez Flores.
El Ministerio de Gobierno no solo lamentó los hechos de violencia que afectaron a García, sino que también subrayó que estos podrían haberse evitado si las autoridades judiciales hubieran actuado de manera diligente y responsable. “Lamentamos los hechos acontecidos hoy producto del peligro efectivo para la sociedad que advertimos constituía el imputado; pero que dichas autoridades judiciales hicieron caso omiso”, expresó la entidad.
En este contexto, el Ministerio instó al Consejo de la Magistratura a intervenir de oficio para evaluar las acciones de los operadores de justicia involucrados en la liberación de García. “Esperamos que el Consejo de la Magistratura actúe de oficio en este caso. El Ministerio de Gobierno seguirá velando por los asuntos de seguridad del Estado y en búsqueda de justicia para el pueblo boliviano”, concluye el comunicado.