El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió una sentencia condenatoria contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros por el caso Petrocontratos. La decisión, tomada por mayoría, concluye un proceso judicial relacionado con la firma irregular de 107 contratos petroleros durante su gobierno.
Sánchez de Lozada, conocido como “Goni”, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La pena deberá cumplirse en el penal de Chonchocoro, aunque el exmandatario, de 94 años, reside actualmente en Estados Unidos. Los exministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López recibieron sentencias de cinco años de prisión en el mismo penal.
El caso se originó por la aprobación de contratos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos sin la autorización previa del Congreso, un requisito constitucional. El proceso se llevó a cabo en ausencia de los acusados, quienes fueron declarados rebeldes.
De los nueve magistrados del TSJ, seis votaron a favor de la condena: Ricardo Torres, Carlos Alberto Egüez, Juan Carlos Berríos, Marco Jaimes, Nuria González y Olvis Egüez, quien presidió el tribunal de sentencia. Tres magistrados, en cambio, abogaron por la nulidad de obrados, pero su posición fue minoritaria.
En su fallo, el Tribunal también exhortó al Estado boliviano a garantizar el derecho a la apelación, en línea con estándares interamericanos, señalando que actualmente los juicios de responsabilidades se desarrollan en única instancia. Este aspecto es considerado una deuda pendiente en el sistema judicial del país.
La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de rendición de cuentas en Bolivia, aunque queda en suspenso la posibilidad de ejecutar las penas debido a la residencia de los condenados en el extranjero y a los desafíos legales que puedan surgir.