Distintos sectores económicos de Bolivia ratificaron este martes su rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos. Durante el segundo ampliado multisectorial, celebrado en La Paz, los actores económicos expresaron su preocupación y calificaron la medida como un ataque a la propiedad privada.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), afirmó que la norma “ataca la propiedad privada” y aseguró que no permitirán su implementación. “Si la medida está destinada a combatir a los contrabandistas, que se haga, pero no debe afectar al eslabón más débil, que son los pequeños y medianos empresarios”, expresó Camacho.
Por su parte, José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió que, de no derogarse esta disposición, se convocarán movilizaciones a partir del 10 de febrero. “No podemos permitir la confiscación de la propiedad privada. Lo que necesitamos es un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”, subrayó Farah. Además, adelantó que se realizará un tercer encuentro multisectorial el 30 de enero en Sucre, donde se coordinarán las acciones a seguir.
La polémica disposición establece que, con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales, las autoridades competentes pueden activar medidas de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a los comercializadores que almacenen o intenten encarecer los precios.
En este contexto, el diputado opositor Carlos Alarcón presentó un proyecto de ley para eliminar la disposición séptima, buscando su derogación. La propuesta fue presentada después de que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicara que la eliminación de esta medida depende de la Asamblea Legislativa.
El rechazo de los sectores productivos ha desatado un amplio debate sobre el impacto de la norma en la economía nacional, especialmente entre los pequeños y medianos empresarios, quienes consideran que la medida pone en peligro su estabilidad. Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen tanto las negociaciones como las movilizaciones, mientras se espera una resolución legislativa.