Las principales instituciones del sector productivo de Santa Cruz, entre ellas la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Confederación de Gremiales, y el Comité Pro Santa Cruz, han declarado un estado de emergencia debido a la presentación del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025, el cual consideran perjudicial para la estabilidad económica y la seguridad alimentaria del país.
Preocupación por el impacto del PGE 2025
Estas organizaciones expresaron su rechazo al PGE 2025, advirtiendo que el proyecto pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los bolivianos. En particular, cuestionan las medidas propuestas por el Gobierno Nacional, que consideran dañinas para el sector productivo y el acceso de la población a productos básicos. Entre las medidas más criticadas se encuentra la suspensión unilateral de las exportaciones de aceite y la intervención de los ingenios arroceros, acciones que, según los representantes de estos sectores, solo generan escasez, aumentan la incertidumbre y afectan la economía nacional.
Rechazo a políticas restrictivas
Las organizaciones denunciaron que las políticas restrictivas impuestas por el Gobierno durante los últimos 18 años, como las bandas de precios y los cupos de exportación, no han logrado su objetivo de reducir la dependencia de productos importados. En cambio, han generado una mayor escasez de divisas, lo que ha desencadenado una escalada de precios y afectado la estabilidad económica del país. Además, aseguraron que las restricciones en las exportaciones de productos clave como el aceite y el arroz no benefician a la población, sino que agravan la crisis económica y empeoran el acceso a alimentos.
Exigencias claras al Gobierno
Ante esta situación, los sectores productivos han emitido una serie de exigencias al Gobierno Nacional:
1. Rechazo al PGE 2025: Exigen que se modifique el proyecto del presupuesto para incluir soluciones concretas a la crisis económica, empezando por la eliminación de la cláusula transitoria séptima del proyecto.
2. Seguridad jurídica para la inversión: Solicitan garantías jurídicas para reactivar la inversión privada y fortalecer las cadenas productivas del país, con el fin de evitar más acciones arbitrarias como las confiscaciones de productos y la prohibición de exportaciones.
3. Solución al desabastecimiento de diésel: Piden una solución definitiva al desabastecimiento de diésel, fundamental para mantener la producción en marcha.
4. Políticas para incrementar la oferta de productos y generar dólares: Plantean la necesidad de fomentar políticas que incrementen la oferta de productos nacionales y permitan la generación de divisas, claves para la estabilidad económica del país.
Compromiso con el futuro del país
Las instituciones de Santa Cruz se comprometieron a mantenerse en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas. Aseguraron que no permitirán que las decisiones políticas mal diseñadas sigan debilitando el sector productivo, y exigieron a las autoridades nacionales y legislativas priorizar medidas que beneficien a la población y fortalezcan el aparato productivo nacional.
Los sectores productivos de Santa Cruz reiteraron su compromiso con la creación de empleo, la reactivación de la economía y la construcción de un país más justo y próspero, y advirtieron que solo a través de políticas fiscales, monetarias y cambiarias correctivas se podrá superar la crisis económica que afecta a Bolivia.