En un cuarto encuentro multisectorial celebrado este miércoles, más de 40 sectores económicos confirmaron un paro nacional de 24 horas para el lunes 10 de febrero. La medida busca presionar al Gobierno para que derogue la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos en casos de presunto agio y especulación.
La norma ha generado un fuerte rechazo entre productores y comerciantes, al facultar a las entidades estatales a fiscalizar y decomisar productos alimenticios esenciales considerados retenidos o encarecidos ilegalmente. Los sectores movilizados advierten que esta medida afectará la producción agrícola, la estabilidad del mercado y la economía en general.
Amplio rechazo y llamado al diálogo
Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), destacó la unidad de diversos sectores, entre ellos el transporte, los gremiales y el empresariado. “Necesitamos reglas claras para seguir produciendo y moviendo la economía de Bolivia”, afirmó, instando al Gobierno a demostrar voluntad política para derogar la disposición.
Asimismo, anunció que el paro incluirá movilizaciones desde la madrugada del 10 de febrero. “Solo pedimos que nos dejen trabajar para contribuir a la economía y salir de la crisis que enfrentamos”, subrayó.
Respuesta del Gobierno
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó el paro como una “medida extrema” y reiteró la disposición del Gobierno al diálogo. “Hemos establecido un mecanismo con tres ministros —Desarrollo Rural, Justicia y Desarrollo Productivo— para buscar soluciones. Ir al paro no refleja una voluntad de diálogo”, declaró en conferencia de prensa.
Montenegro defendió la necesidad de controles para evitar prácticas como el contrabando de carne bovina a Brasil, que, según el Gobierno, ha duplicado los precios en el mercado local. Sin embargo, los sectores productivos insisten en que la disposición séptima genera incertidumbre y afecta la economía.
Consecuencias y expectativas
El paro del 10 de febrero evidencia la creciente tensión entre el Gobierno y los sectores económicos, que consideran que la norma impactará negativamente la cadena productiva y comercial del país. Más allá de la derogación de la disposición, la protesta busca impulsar políticas que fomenten la producción y la estabilidad económica.
Mientras el Ejecutivo defiende los controles como una herramienta para garantizar el abastecimiento de alimentos, los sectores movilizados exigen mayor claridad y condiciones favorables para el desarrollo económico. El desenlace de este conflicto podría tener repercusiones en la estabilidad política y económica del país en los próximos meses.
El lunes 10 de febrero será un punto de inflexión para medir el impacto de la movilización y la reacción del Gobierno ante las demandas de los sectores productivos.