Manolo Rojas, abogado del exdirector de la Fuerza especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, detenido en el penal de San Pedro de La Paz, informó que la revelación de información de su defendido se postergó para el 20 de enero y será Régimen Penitenciario que determine si autoriza o no la conferencia de prensa.
“La autoridad judicial ha establecido que el Régimen Penitenciario tiene que ser quien resuelva esta solicitud (…). Estamos esperando el visto bueno de Régimen Penitenciario porque ya la autoridad judicial se ha pronunciado”, manifestó a la ANF.
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022, en el municipio de Villazón, frontera con Argentina. Fue enviado a la cárcel con detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Además, en Estados Unidos lo buscan por el delito de narcotráfico, Dávila aparece en un informe de la Administración de Control de Drogas (por sus siglas en inglés DEA) sobre sus presuntos vínculos con el ilícito de las drogas.
Esta semana, su abogado informó que su cliente ha pedido permiso a través de un memorial al juez para ofrecer una conferencia de prensa en el centro penitenciario.
“El lunes a primera hora vamos a ir a Régimen Penitenciario a solicitar esto (esperemos) una respuesta aproximadamente hasta el día miércoles”, mencionó Rojas, al señalar que la fecha inicialmente era del 16 de enero, pero se modificó para el 20 a las 11:00.
“Se ha postergado para el 20 de enero a las 11 de la mañana debido a que hay unas actividades de seguridad que cumplir dentro del penal”.
El jurista ratificó que en caso de que les nieguen la realización de la conferencia de prensa, se mantiene la segunda opción de que Maximiliano Dávila de información a través de una carta para hacer conocer su “verdad”.
“Le puedo decir (que se referirá a) la vulneración de derechos humanos que ha sufrido como procesado, también va a identificar a unos actores que, según él, cree que son nefastos para esta investigación. También va hacer referencia a su inocencia y las pruebas que se han mantenido con requerimientos fiscales”.