Diversos sectores económicos anunciaron un paro nacional de 24 horas para el próximo 10 de febrero, en protesta contra la disposición séptima de la Ley Financiera. La norma, que habilita decomisos, ha sido duramente cuestionada por los gremios, que exigen su derogación.
El anuncio se dio tras una reunión multisectorial realizada este jueves en Sucre. El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, advirtió que, si el Gobierno no atiende su demanda, la medida de presión se llevará a cabo. “Pedimos a las autoridades que nos permitan trabajar sin restricciones. Si no se deroga la disposición, realizaremos un paro nacional”, declaró González durante la lectura de las conclusiones del encuentro.
La disposición séptima ha generado tensiones en el sector comercial y en la cadena de abastecimiento, con protestas que se han intensificado en las últimas semanas. Pese a las exigencias, el Gobierno mantiene una postura firme sobre la normativa.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, descartó la posibilidad de anular la medida y anunció que el Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de reglamentación y un decreto para su implementación. “Seguiremos dialogando con los sectores que se oponen, pero la disposición se mantendrá”, afirmó Silva la noche del miércoles.
El paro del 10 de febrero podría afectar el abastecimiento de productos y servicios en el país, generando preocupación entre la población. Mientras los sectores económicos buscan presionar al Gobierno, las autoridades insisten en avanzar con la normativa.
El conflicto sigue en un punto crítico, con implicaciones económicas y sociales. En los próximos días, la atención estará puesta en las negociaciones y en el impacto que tendrá la medida de fuerza.