AP.- Las manifestaciones antigubernamentales en Perú tras un mes de la muerte de 19 peruanos durante una protesta en la ciudad comercial más importante del sureste del país dejaron en la víspera 23 civiles heridos, incluido un niño, informaron las autoridades el viernes.
La dirección de salud de la región Puno indicó en un comunicado la noche del jueves que tras las protestas en la ciudad de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, nueve permanecen hospitalizados, incluyendo tres heridos por arma de fuego, entre ellos un niño de 11 años con una herida en la pierna.
La Defensoría del Pueblo indicó en un informe que hubo enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca cuando los manifestantes buscaron ingresar.
Antes, los manifestantes participaron de una misa católica en una vía y luego recorrieron las calles cercanas al aeropuerto exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los 130 miembros del Parlamento, un pedido que se extiende en otras partes de Perú.
El 9 de enero se produjo en Juliaca el episodio más letal de choques entre manifestantes y policías durante el gobierno de más de dos meses de la presidenta Boluarte. En aquella jornada murieron 19, casi todos por disparos de arma de fuego, incluido un médico que ayudaba a los manifestantes heridos y un policía quemado dentro del patrullero en una calle de esa ciudad.
Las manifestaciones también ocurren en la capital desde fines de enero luego que miles llegaron desde los Andes, sobre todo del sur. Muchos de ellos viven del apoyo de sus familiares, amigos o de redes de vecinos que han aportado dinero para su modesta manutención en Lima.
Boluarte asegura que no renunciará hasta que se elija a su sucesor en elecciones adelantadas, pero el Congreso peruano ha archivado cuatro proyectos de adelanto de elecciones, incluida una del gobierno. Las dos últimas propuestas fijaban en octubre y diciembre el llamado a las urnas, pero fueron desechadas.
Las protestas suman un total de 59 fallecidos en su mayoría manifestantes, según la Defensoría del Pueblo. Las manifestaciones se reactivan y se prolongan por dos meses después de iniciado el gobierno de Boluarte el 7 de diciembre cuando la entonces vicepresidenta asumió el poder en reemplazo del destituido Pedro Castillo. El exmandatario fue removido por el Congreso tras su intento por disolverlo para evitar su destitución, y después encarcelado con cargos por rebelión.