Hugo Vargas Palenque, postulante inhabilitado a las elecciones judiciales en Bolivia, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) imponer multas y acciones penales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por continuar con el proceso de selección de autoridades judiciales. Esta solicitud fue presentada en un memorial al TCP y dirigida específicamente a la Sala Constitucional del Beni, la cual, según Vargas, debería ordenar la suspensión del proceso.
Vargas pide “multas progresivas” de 15.000 bolivianos diarios a cada vocal si no se detiene el proceso electoral. Además, en caso de “persistir la desobediencia” a la resolución del amparo constitucional que él promovió, solicita que se remitan los antecedentes al Ministerio Público para una investigación judicial. La intención es que los vocales enfrenten consecuencias legales por no acatar la decisión judicial.
Vargas, según la televisora Unitel, también exigió la suspensión de los recursos financieros destinados a la organización de las elecciones, instando al Órgano Ejecutivo a cesar los desembolsos necesarios para la realización del proceso.
El memorial se sustenta en la presunta exclusión de representantes de comunidades indígenas y de mujeres entre los candidatos habilitados, una situación que Vargas considera injusta y fuera del marco legal. Según su alegato, el TSE debería haber respetado un fallo constitucional sin convocar a la reunión multipartidaria en la que líderes políticos y autoridades ratificaron la continuidad de las elecciones programadas para el 15 de diciembre.
Este encuentro, organizado por el TSE tras la decisión constitucional que declaraba desiertas las elecciones judiciales en varias regiones, buscaba obtener respaldo para continuar con el proceso electoral. Sin embargo, Vargas sostiene que esta medida no sustituye la obligación de respetar el amparo constitucional, el cual habría sido incumplido al seguir adelante con el cronograma.
La solicitud de Vargas pone en evidencia una creciente tensión en torno al proceso electoral judicial en Bolivia, en un contexto donde se cuestiona la independencia y la inclusión en la designación de nuevas autoridades. La exigencia de sanciones económicas y penales contra los vocales del TSE por presunta desobediencia a fallos judiciales plantea un escenario complejo, tanto para el Tribunal Supremo Electoral como para las autoridades judiciales en general, en un proceso que debería renovarse bajo condiciones de transparencia y representatividad inclusiva.
La resolución de este conflicto tendrá implicaciones profundas en la confianza pública en las instituciones electorales y judiciales del país, en momentos críticos para la democracia boliviana.