La Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado la detención del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de los dirigentes campesinos evistas Ponciano Santos y Humberto Claros, quienes encabezan las protestas que llevan 24 días en diferentes puntos del país. El pedido, presentado mediante un memorial firmado por el subprocurador Ricardo Condori, fue dirigido al fiscal Franklin Alborta, argumentando que los sindicados se rehúsan a colaborar con el proceso judicial.
Este memorial, fechado el 3 de noviembre, menciona que la PGE amplió una denuncia contra Quintana, Santos y Claros, con el fin de obtener mandamientos de aprehensión que faciliten su presentación ante la justicia. El documento resalta que estas tres personas han mostrado reticencia a participar en el proceso, situación que ha llevado a la Procuraduría a reforzar su petición de aprehensión.
Las movilizaciones, organizadas por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), han generado significativas pérdidas económicas, estimadas en más de 2.100 millones de dólares. La PGE justifica sus acciones en el impacto social y económico de los bloqueos, señalando que son actos que amenazan la seguridad y soberanía del Estado. Además, el Gobierno difundió un video donde Quintana, exministro de Evo Morales, se refiere al “rito de los bloqueos”, hecho que ha intensificado la presión sobre los líderes de las protestas.
Contexto de las acusaciones
La PGE anunció el 2 y 3 de noviembre que había formalizado su participación en siete procesos penales por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el Puente Parotani, en Cochabamba. Estos procesos acusan a más de cincuenta personas de delitos como terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo. En su defensa, la Procuraduría recuerda que el terrorismo es visto por organismos internacionales como una amenaza directa a los derechos humanos y a la estabilidad democrática.
El documento de la PGE reitera que el Estado tiene la obligación de aplicar medidas efectivas para prevenir el terrorismo, destacando la importancia de sancionar a los responsables. La solicitud subraya que estos bloqueos han puesto en riesgo no solo la seguridad de los medios de transporte, sino también la estabilidad social y económica del país.
Reacciones del MAS
El líder del MAS, Evo Morales, ha criticado la postura de la PGE y el proceso judicial iniciado contra los dirigentes, argumentando que vulnera sus derechos fundamentales. Morales sostiene que estos actos responden a una persecución política contra los movimientos campesinos y acusa al Gobierno de criminalizar la protesta social.
Por su parte, el dirigente Humberto Claros anunció un cuarto intermedio en las movilizaciones, aunque para la mañana del miércoles los manifestantes aún no se habían retirado de las vías bloqueadas. Este anuncio podría dar un respiro a las zonas afectadas, aunque persiste la incertidumbre sobre si los bloqueos serán levantados de forma definitiva o si se retomarán en los próximos días.