El presidente Luis Arce, promulgó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que adquirió fuerza de ley este martes al no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa dentro de los plazos establecidos. Este escenario replica lo ocurrido en 2024, cuando el presupuesto también fue oficializado sin el aval parlamentario.
La Gaceta Oficial de Bolivia publicó la Ley 1613, que oficializa el nuevo presupuesto. Según el documento, al haber transcurrido 60 días sin resolución legislativa, el PGE entra en vigencia conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. El Ejecutivo había enviado el proyecto el pasado 30 de octubre, cumpliendo los plazos legales correspondientes.
Claves económicas del PGE 2025
El PGE 2025 incluye las siguientes proyecciones y cifras destacadas:
-Crecimiento económico: 3,51%.
-Déficit fiscal: 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
-Inflación: 7,5%.
-Presupuesto consolidado: 296.565 millones de bolivianos, un aumento del 11,7% respecto a 2024.
-Presupuesto agregado: 369.340 millones de bolivianos, un incremento del 8,5% en comparación con el año anterior.
Entre las disposiciones que permanecen en el presupuesto destaca la séptima, relacionada con los decomisos para combatir el contrabando. Esto, a pesar de que la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados había excluido esta medida.
La imposibilidad de aprobar el PGE 2025 en la Asamblea Legislativa refleja la persistente polarización política que afecta al país. Este contexto ya se había evidenciado con el presupuesto del año anterior, lo que evidencia dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave.
Implicaciones para la economía
La promulgación del PGE 2025 garantiza la continuidad de las operaciones presupuestarias y de las políticas económicas planificadas por el Gobierno. Sin embargo, el elevado déficit fiscal y el incremento del gasto público representan desafíos significativos para la sostenibilidad económica del país.
Con este presupuesto, el Gobierno busca consolidar el crecimiento económico y enfrentar los retos macroeconómicos. No obstante, las tensiones políticas continúan siendo un obstáculo para el desarrollo de estrategias económicas de largo plazo.