En medio del debate sobre seguridad jurídica e impacto en la inversión privada, sectores productivos y económicos del país presentaron este lunes una propuesta para derogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta norma otorga amplias facultades a entidades públicas para realizar controles, fiscalizaciones, decomisos y confiscaciones en el sector de comercialización de alimentos, lo que ha generado preocupación por sus posibles repercusiones en la economía y los derechos constitucionales.
La disposición faculta a organismos como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Viceministerio de Defensa del Consumidor, la Aduana Nacional y los Gobiernos Municipales a intervenir en casos de almacenamiento, retención o encarecimiento de productos esenciales. Además, obliga a los actores de la cadena productiva a declarar información sobre producción, transformación y comercialización, bajo el principio de confidencialidad.
Sin embargo, la norma ha sido criticada por la falta de criterios claros para su aplicación, lo que podría derivar en interpretaciones subjetivas y discrecionales por parte de las autoridades. Expertos advierten que esta incertidumbre afecta directamente la seguridad jurídica de las empresas privadas.
Impacto en la inversión y la economía
La posibilidad de decomisos y confiscaciones sin procedimientos claramente definidos ha generado inquietud en el sector empresarial. Empresas privadas, que ya enfrentan desafíos como bloqueos y escasez de insumos, podrían ver afectada su operatividad. Asimismo, se teme que la normativa desincentive la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en un contexto donde el país necesita fortalecer su economía.
Según la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), un marco normativo incierto también podría impactar negativamente en la generación de empleo formal y en la contribución fiscal del sector privado, agravando problemas como la recesión industrial y la escasez de divisas.
Controversia constitucional
La Disposición Adicional Séptima ha sido cuestionada por su posible contradicción con principios constitucionales que garantizan la propiedad privada, la libertad económica y el derecho a ejercer actividades productivas sin restricciones arbitrarias.
El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia, establece que ninguna persona puede ser privada de sus bienes sin una indemnización justa, salvo por razones de utilidad pública o interés social. A su vez, la Constitución Política del Estado (CPE) protege el derecho a la propiedad privada y reconoce la iniciativa privada como un pilar del desarrollo económico. Por ello, diversos sectores advierten que esta disposición podría generar inestabilidad social y económica.
Propuesta de derogación
Ante estas preocupaciones, representantes de los sectores productivos han presentado una propuesta para derogar la Disposición Adicional Séptima, con el objetivo de garantizar un marco normativo que fomente la seguridad jurídica, promueva la inversión privada y respete los derechos fundamentales establecidos en la CPE.
Los impulsores de la iniciativa buscan un equilibrio entre las atribuciones del Estado y los derechos de los actores económicos, con el fin de promover un desarrollo sostenible en beneficio de la población boliviana. La derogación de esta disposición podría ser un paso clave para fortalecer la confianza en el sector productivo y generar condiciones más favorables para el crecimiento económico.