Dos activistas bolivianas, Melania Torrico y Marvia Subirana, han presentado una demanda penal contra el expresidente Evo Morales en la Fiscalía de La Paz. La acusación se centra en tres delitos: instigación pública a delinquir, desórdenes públicos y atentado contra la libertad de trabajo, en relación con la marcha que Morales promueve para asegurar su candidatura en las elecciones de 2025.
La marcha, que comenzó en Caracollo (Oruro) y está prevista para llegar a La Paz el lunes, ha generado tensiones en el país. Según Torrico, la movilización, encabezada por Morales, busca amedrentar a la población y socavar el actual gobierno de Luis Arce. “Queremos ser la voz de aquellas personas que no han conseguido hacerse escuchar”, señaló Torrico en declaraciones a Bolivia Tv.
Los seguidores de Morales han afirmado que la marcha podría derivar en una confrontación civil, y la situación ya ha registrado enfrentamientos. En la primera jornada, los manifestantes se encontraron con un grupo reducido de comunarios y cooperativistas que instalaron una vigilia en Vila Vila con el objetivo de detener el avance de la protesta.
El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Arce, ha intentado convocar a Morales al diálogo en varias ocasiones. El pasado viernes, Arce esperó más de una hora en el Ministerio de Educación para entablar una conversación, pero sin éxito. Morales, por su parte, negó haber recibido una invitación oficial. Sin embargo, imágenes difundidas muestran a sus seguidores bloqueando el intento de un funcionario del Ministerio de la Presidencia de entregarle una invitación en Patacamaya, donde se encontraba la marcha.
La demanda contra Morales, según Subirana, busca hacer justicia y defender los derechos de la mayoría. “Este es un hito histórico, y esperamos que el fiscal encargado tenga la coherencia necesaria para admitir el caso”, expresó la activista, quien también invitó a la ciudadanía a sumarse a esta acción legal.
El caso ha encendido el debate en el país sobre los derechos a la protesta y la estabilidad política, en un contexto marcado por la pugna interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales y Arce, lo que podría tener repercusiones importantes de cara a las próximas elecciones.
Las implicaciones de esta demanda van más allá de los cargos presentados, ya que reflejan una creciente división política en Bolivia y una disputa por el control del poder dentro del oficialismo. El resultado del proceso judicial podría influir de manera decisiva en la configuración política del país de cara al 2025.