El esperado inicio del juicio por los eventos de la crisis de 2019 en Bolivia, previsto para este lunes a las 09:00 en La Paz, fue suspendido debido a la ausencia de los principales acusados, quienes no fueron trasladados desde las cárceles donde se encuentran recluidos. Entre los acusados están la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari. A pesar de que había una orden judicial para su traslado, Régimen Penitenciario no cumplió con el requerimiento.
Añez se encuentra en la cárcel de Miraflores en La Paz, Camacho en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y Pumari en la cárcel de Cantumarca, en Potosí. La expresidenta, desde su celda, negó con la cabeza cuando se le preguntó si sería trasladada al tribunal, confirmando lo que ya había anticipado su abogado, Luis Guillén, quien señaló que no asistiría a la audiencia.
Por su parte, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, había anticipado la posibilidad de la suspensión del juicio, especialmente tras confirmarse que Marco Pumari no había sido trasladado desde Potosí. Finalmente, la nueva fecha para el inicio del juicio fue fijada para el jueves 17 de octubre, a las 08:00, según confirmaron fuentes judiciales tras la suspensión.
Horas antes de la suspensión, el gobernador Luis Fernando Camacho expresó en sus redes sociales su optimismo para enfrentar el juicio, pero también denunció lo que consideró un intento de intimidación por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En su mensaje, reafirmó su postura de que en 2019 no hubo un golpe de Estado, sino un “monumental fraude” electoral.
“Ningún acto torcido y manipulado, como es este juicio montado por el masismo, ocultará la verdad histórica: en 2019 no hubo golpe, fue un monumental fraude y eso no podrá cambiarse ni olvidarse nunca”, afirmó Camacho en su declaración pública.
La postergación del juicio genera expectación tanto a nivel político como social, dado que este proceso busca esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis política que culminó con la salida de Evo Morales del poder en 2019. La acusación de “golpe de Estado” por parte del Gobierno del MAS contrasta con las denuncias de fraude electoral que llevaron a las movilizaciones ciudadanas en ese año, lo que sigue dividiendo a la opinión pública en Bolivia.