La reciente detención de Humberto Claros, de la facción paralela de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y Ramiro Cucho, del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), suma un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) leal al expresidente Evo Morales. Ambos dirigentes fueron aprehendidos este miércoles, pocos días después de concluir los bloqueos que paralizaron al país durante 24 días, generando pérdidas económicas significativas y tensiones en las vías principales.
Claros fue arrestado en un operativo encubierto en Quillacollo, Cochabamba, y trasladado de inmediato a La Paz, donde permanece bajo custodia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Ramiro Cucho, detenido en Potosí, también fue llevado a la sede gubernamental. Según denunciaron familiares y allegados, ambas detenciones se realizaron sin orden judicial previa, lo que ha desatado acusaciones de abuso de poder. Los abogados de los dirigentes y representantes de sus sectores calificaron el arresto de Claros como un “secuestro”.
Wilfredo Chávez, abogado cercano a Morales, denunció que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, busca “exponer a los dirigentes como trofeos”. En la misma línea, Teresa Morales, exministra y aliada del expresidente, afirmó que las detenciones tienen un trasfondo político destinado a “intimidar” a quienes critican la situación económica del país. Teresa Morales anunció que se presentarán denuncias ante organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Protestas y tensiones políticas
Simpatizantes del MAS se concentraron frente a la Felcc en La Paz para exigir la liberación de sus líderes. Esta movilización profundiza la tensión entre el Gobierno de Luis Arce y el sector “evista” del MAS, que continúa presionando por la liberación de detenidos acusados de terrorismo y otros delitos vinculados a los bloqueos.
El reciente bloqueo de carreteras, que finalizó hace solo una semana, impactó la economía nacional, con pérdidas estimadas en más de 2.000 millones de dólares, según cifras del Gobierno. Durante las protestas, se registraron incidentes violentos contra policías y periodistas, y más de 100 personas fueron detenidas, muchas de las cuales enfrentan prisión preventiva.
“Consecuencias judiciales y políticas
Las detenciones ocurren en un momento crítico. Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), presentó una denuncia contra los dirigentes afines a Evo Morales, responsabilizándolos por los daños económicos causados por los bloqueos; sin embargo, el Ministerio Público ha cuestionado la denuncia. Por su parte, la Procuraduría General del Estado ha iniciado acciones legales contra Claros y otros líderes, incluido el exministro Juan Ramón Quintana, buscando hacerlos responsables de las afectaciones.
El ministro Del Castillo reafirmó que el Gobierno “no negociará la impunidad”, advirtiendo que los actos de violencia y los bloqueos no quedarán sin consecuencias legales. Esta postura, respaldada por sectores del oficialismo, aumenta la fricción con el ala “evista” del MAS y perfila un escenario político polarizado y de creciente confrontación interna.