La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) lleva más de 15 años trabajando en defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, en un contexto nacional donde las sequías, inundaciones, olas de calor y heladas se han vuelto más extremas y frecuentes.
Uno de los principales aportes de la PBFCC ha sido visibilizar y poner en agenda la problemática del cambio climático como una realidad innegable que debe ser enfrentada para mitigar sus efectos. Además, ha logrado que Bolivia tenga presencia en foros internacionales sobre el cambio climático, como las últimas asambleas de la COP.
Actualmente, la Plataforma impulsa un proyecto de Ley de Emergencia Climática de carácter permanente, que propone que las políticas nacionales se enfoquen en la situación de emergencia climática en todos los ámbitos, priorizando las acciones preventivas. Esta ley también exige un presupuesto de “emergencia climática” para que los gobiernos municipales y departamentales puedan actuar de manera proactiva, sin esperar que ocurran las emergencias. El proyecto ya está en el Senado. Asimismo, se trabaja en un marco normativo sobre el agua, retomando una propuesta de hace una década, el anteproyecto de Ley de Agua para la Vida.
La Plataforma nació en 2009, en un momento en que la preocupación se centraba en los desastres naturales y en proyectos de desarrollo enfocados en mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Sin embargo, había poco énfasis en la resiliencia de la Madre Tierra frente al cambio climático. Hoy en día, gracias al trabajo de la PBFCC, este tema es parte central de la agenda nacional.
“Actualmente, todos los proyectos incluyen un enfoque para enfrentar los impactos del cambio climático. Esta perspectiva ha sido clave para vincular la discusión global con los debates locales”, destaca Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la PBFCC.
En estos años, la Plataforma ha articulado una red nacional de más de 50 instituciones y organizaciones sociales que defienden la Madre Tierra y los derechos económicos, sociales y ambientales de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Estas organizaciones, tanto rurales como urbanas, comparten el desafío de responder a la crisis climática desde una visión de justicia climática y equidad de género.
Además, la Plataforma es miembro de redes internacionales como Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), Global Campaign To Demand Climate Justice, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Justicia Climática, Global Alliance for the Rights of Nature, Caucus Indígena y Global Forest Coalition.
Rumbo a la COP 29
Desde 2009, la PBFCC ha tenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En la COP 29, que se celebrará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, los temas de debate incluyen la cuantificación del financiamiento necesario para enfrentar los efectos del cambio climático. Se estima que se requerirán al menos 5 billones de dólares anuales. También se demanda el cumplimiento de compromisos para reducir el calentamiento global.
“Bolivia tiene la oportunidad de plantear la necesidad de contar con financiamiento para afrontar sequías prolongadas, heladas e inundaciones que provocan pérdidas significativas”, subraya Alarcón. También menciona que la mayor contribución de Bolivia a los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación asociada a la agricultura extensiva, lo que coloca al país entre los más afectados a nivel mundial.
Investigación y sistematización
En sus 15 años de trabajo, la Plataforma ha realizado más de 50 investigaciones. Una de las más recientes es “Amazonía boliviana: Entre deuda, crisis climática y extractivismo”, que establece una correlación entre deuda, cambio climático y extractivismo, afectando a las poblaciones más vulnerables del país. Esta investigación, realizada en colaboración con LATINDADD y organizaciones de otros países amazónicos, busca visibilizar los desafíos y proponer soluciones.
El estudio señala que Bolivia se endeuda para financiar actividades extractivas que generan daños ambientales. A medida que los eventos climáticos extremos aumentan, el país necesitará más recursos, lo que incrementará su deuda. Según la investigación, ya existe una deuda de 250 millones de dólares debido a los impactos del cambio climático, como el daño al sector productivo, además de pérdidas inmateriales como el lago Poopó y el deshielo del Chacaltaya.
Otras investigaciones incluyen la “Situación y perspectiva de energías alternativas en Bolivia”, que contribuye al debate sobre una renovada política energética, y la publicación “Propuestas para una nueva y urgente política climática boliviana”, que aboga por una producción agropecuaria sostenible, una economía integral de bosques y ecosistemas, y una mayor educación en cambio climático.
La Plataforma fue parte del comité organizador del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), celebrado en Rurrenabaque y San Buenaventura, Bolivia. El FOSPA contó con la participación de delegaciones de nueve países amazónicos. La Plataforma elaboró un documento de posicionamiento con propuestas y estrategias de acción colectiva para la defensa del territorio panamazónico.
El agua
El 16 y 17 de marzo de este año se celebró el Encuentro Nacional del Agua y la Vida en Vitichi, Potosí, donde se firmó un acuerdo de 26 puntos que demandan políticas para garantizar el acceso y la calidad del agua. En mayo, más de 100 representantes de organizaciones sociales se reunieron en Cochabamba para articular una Agenda Departamental del Agua, que concluyó con un plan de acción y una declaración de 12 puntos. Entre las demandas, se destaca la oposición a la privatización del agua y la exigencia de que Misicuni se convierta en una empresa regional.
Las acciones de la Plataforma buscan fortalecer a las organizaciones de pueblos indígenas, mujeres y jóvenes frente a los impactos de la crisis climática, promover la elaboración de políticas de respuesta a la crisis con participación activa de la sociedad civil y articular redes para la incidencia en negociaciones internacionales sobre el cambio climático.
Recientemente, la PBFCC celebró 15 años de trabajo, reconociendo los avances, retrocesos y desafíos pendientes en la lucha por la justicia climática y social.
