La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una denuncia penal este martes contra Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado, acusándolo de corrupción en la contratación de abogados externos entre 2021 y 2023. Según el actual procurador, César Siles, los gastos durante la gestión de Chávez superaron los 93 millones de bolivianos, lo que ha generado preocupación por la gestión de recursos y el cumplimiento de las leyes.
En una conferencia de prensa, Siles afirmó que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público, a la espera de la asignación de un fiscal y un juez cautelar. Los delitos imputados incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Estos cargos podrían exponer a Chávez a una pena de hasta 10 años de prisión.
Irregularidades en la contratación de abogados
Uno de los puntos clave de la investigación se centra en las condiciones bajo las cuales se contrataron abogados externos. La Procuraduría detectó varios contratos irregulares, como la presentación de documentos caducados para la certificación de empresas contratadas y la tramitación de documentos esenciales solo después de recibir las invitaciones para participar en la defensa del Estado.
Entre las irregularidades, Siles destacó que Chávez impulsó una “privatización y terciarización de la defensa del Estado”, delegando a bufetes y consorcios externos tareas que, según el procurador, podrían haber sido gestionadas internamente por los 170 abogados que forman parte de la institución. De hecho, se identificaron 10 contratos irregulares, de los cuales cuatro están relacionados con casos de derechos humanos.
El gasto de más de 93 millones de bolivianos en tres años para contratar bufetes de abogados y peritos externos es uno de los aspectos más cuestionados de la gestión de Chávez. Siles subrayó que estos gastos fueron innecesarios, dado que la Procuraduría cuenta con una plantilla considerable de abogados capacitados para asumir estos casos.
Nueva estrategia para la defensa del Estado
En respuesta a estos hallazgos, el procurador actual anunció una política de tres pilares para reformar la defensa legal del Estado: la “bolivianización” de los procesos, la defensa preventiva y el litigio estratégico. Siles enfatizó que, bajo esta nueva política, se priorizará el uso de recursos humanos internos para enfrentar litigios y, solo en casos excepcionales y bajo el marco normativo, se recurrirá a servicios externos.