En un contexto de tensión y amenazas de movilizaciones, los dirigentes del transporte público y representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Santa Cruz lograron un acuerdo para implementar una tarifa transitoria de Bs 2,37. Este pacto, que busca evitar un paro indefinido y bloqueos en la ciudad, fue alcanzado sin la autorización del Concejo Municipal, lo que genera dudas sobre su legalidad.
Orlando Peña, presidente de Fejuve, destacó que la decisión fue tomada en consenso con el sector transporte y basada en un estudio técnico presentado por el alcalde Jhonny Fernández. Según Peña, esta tarifa es “accesible” para los vecinos y fue propuesta para evitar medidas de presión que podrían paralizar la ciudad.
“Convocamos al sector transporte y ellos asistieron con respeto. Esto no es un tema político”, afirmó Peña, quien también justificó la medida bajo la Ley 1216, que permite implementar tarifas transitorias hasta que el Ejecutivo y el Legislativo municipales concluyan estudios técnicos más amplios.
La resolución firmada por las juntas vecinales será remitida al municipio y al Concejo Municipal para su conocimiento.
La posición del sector transporte
Por su parte, Bismark Daza, dirigente del transporte público, respaldó el acuerdo y señaló que el monto intermedio de Bs 2,37 permitirá suspender las medidas de presión anunciadas para el lunes. “El tema jurídico lo analizarán los asesores. Nosotros hemos aceptado esta tarifa como un mandato de las juntas vecinales”, explicó Daza.
Sin embargo, los transportistas no precisaron desde cuándo comenzará a aplicarse esta tarifa, ni dieron detalles sobre cómo se implementará sin la autorización oficial del Concejo Municipal.
Implicaciones y controversias
Este acuerdo plantea interrogantes legales y operativas, dado que la normativa establece que cualquier ajuste tarifario debe ser aprobado por el Concejo Municipal. A pesar de esto, los dirigentes involucrados aseguran que la tarifa es provisional y necesaria para evitar conflictos mayores.
El impacto inmediato es la suspensión de los bloqueos y paros anunciados, lo que brinda un respiro temporal a la ciudad. No obstante, la falta de autorización oficial podría desencadenar críticas y reacciones del ámbito político y social.
El desenlace de este acuerdo y su aceptación por parte de las autoridades municipales será clave para determinar su viabilidad y legitimidad, mientras la población espera soluciones definitivas que beneficien tanto a los vecinos como a los transportistas.