La minería informal en Bolivia ha cobrado la vida de al menos 120 personas en lo que va de 2024, según datos oficiales. Potosí concentra la mayoría de las muertes, con 113 casos reportados, mientras que otras víctimas se registraron en La Paz y Oruro. Este número representa un alarmante aumento respecto a los 63 fallecimientos contabilizados en 2023.
Las principales causas de muerte incluyen explosiones con dinamita, asfixia por gases tóxicos, derrumbes y caídas desde grandes alturas, eventos que ocurren principalmente en operaciones ilegales o desreguladas. Estas actividades suelen carecer de medidas básicas de seguridad, a diferencia de la minería formal.
Víctimas y accidentes
El caso más reciente se produjo el 26 de noviembre en el Cerro Rico de Potosí, donde un trabajador murió aplastado tras un derrumbe. Entre las víctimas de este año se cuentan dos menores de edad y seis mujeres, incluida una joven de 21 años que cayó desde 60 metros en una mina de la cooperativa Ollerías.
En La Paz, dos trabajadores de la Cooperativa Aurífera Tipuani Pampa R.L. murieron en junio por un deslizamiento en el cantón Yani, mientras que, en agosto, una mujer de 57 años perdió la vida al ser aplastada en una zanja de minería aluvial en Mapiri.
Enfrentamientos y conflictos
No todas las muertes están relacionadas con accidentes. En mayo, un enfrentamiento entre cooperativas auríferas en Sorata dejó un muerto y dos heridos. En julio, otro conflicto en el mismo municipio resultó en la muerte de dos policías, víctimas de un incendio provocado por mineros en disputa por áreas de explotación.
Contexto y desafíos
La minería ilegal, aunque relevante para la economía, opera al margen de las normativas laborales y ambientales, exponiendo a los trabajadores a riesgos extremos. Según el experto en seguridad minera José Carrión, la implementación de protocolos estrictos y supervisión estatal podría reducir significativamente los accidentes y salvar vidas.
La persistencia de estas condiciones refleja la falta de control y regulación en un sector crucial para Bolivia, que sigue enlutando familias y evidenciando la urgente necesidad de reformas estructurales.