La Sala Plena del Consejo de la Magistratura activó una comisión para auditar las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, tras un desfalco de 2 millones de bolivianos. Además, se solicitó a las oficinas distritales informes detallados sobre la situación de estas dependencias en todo el país.
El presidente del Consejo, Manuel Baptista, anunció que los tres consejeros viajarán a Santa Cruz para realizar una fiscalización presencial y apersonarse como afectados en la denuncia penal. “El objetivo es identificar a todos los responsables implicados en este daño económico al Órgano Judicial por manipulación informática”, señaló.
Baptista advirtió que los funcionarios vinculados al caso serán removidos de sus cargos. “Quienes estén siendo investigados y existan pruebas serán cesados de sus funciones”, afirmó.
Avances en la investigación
La Fiscalía informó que cinco funcionarios de Derechos Reales y un civil están siendo investigados por el presunto desvío de dinero de trámites hacia cuentas de terceros. Entre los involucrados figuran un juez, registradores y supervisores.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, detalló que las indagaciones se enfocan en establecer responsabilidades por el supuesto desfalco.
Auditorías en todo el país
El Consejo de la Magistratura también posesionó a nuevos encargados distritales para recabar información sobre el funcionamiento de las oficinas de Derechos Reales en el resto del país. Según Baptista, existen múltiples denuncias, incluidas aquellas difundidas en redes sociales, que se centralizarán para evaluar el desempeño de esta institución clave.
“El objetivo es garantizar un manejo transparente y eficiente de Derechos Reales a nivel nacional, como corresponde al mandato del Consejo de la Magistratura”, concluyó Baptista.
Estas medidas responden a la creciente preocupación pública sobre posibles irregularidades en el manejo de trámites y fondos en esta entidad.