DW.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, indultó a los condenados por delitos “sin violencia” bajo una serie de condiciones y excluyó de la medida de gracia a los golpistas que buscaron derrocar su Gobierno el pasado 8 de enero, aunque, como destaca la prensa brasileña este sábado (23.12.2023), sin mencionarlos expresamente. Se trata del primer indulto navideño de Lula desde que inició su tercer mandato, el pasado 1 de enero, después de gobernar el país por dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010.
El perdón, que fue publicado la pasada medianoche en una edición extraordinaria del Diario Oficial y concedido con motivo de la Navidad, se extiende también a mujeres con hijos menores o con enfermedades crónicas graves, así como a las personas mayores de 60 años que hayan cumplido una parte de su condena. Los indultos no surtirán efecto inmediatamente, sino que tendrán que ser solicitados por la defensa de cada posible beneficiario.
El líder progresista indultó igualmente a las personas con deficiencias permanentes anteriores a los delitos cometidos; con enfermedades graves permanentes o crónicas; y a aquellos con un grado de autismo “severo”, siempre en función de la duración de la condena y del tiempo cumplido. Asimismo, perdonó las multas impuestas por la Justicia por un valor de hasta 20.000 reales (3.700 euros) o incluso superiores si los multados son insolventes.
Excepciones incluidas en el decreto
No podrán beneficiarse del indulto los miembros de bandas criminales. La medida incluye otras excepciones para los que no será concedido el indulto navideño bajo ninguna circunstancia, entre ellos los condenados por crímenes como “tortura”, “terrorismo”, “racismo”, “violencia contra la mujer” o contra “el Estado Democrático de Derecho”.
En este último grupo se engloban los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo con la intención de forzar una intervención militar que derrocara el Gobierno de Lula. Hasta el momento, el Supremo ha condenado a una veintena de las cerca de dos mil personas imputadas por ese episodio, de las que 66 están en prisión.