La investigación sobre el frustrado golpe de Estado del pasado 26 de junio ha identificado suficientes indicios de responsabilidad penal contra las 24 personas que fueron detenidas, quienes podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión. Así lo reveló este domingo el procurador general del Estado, César Siles.
“En las audiencias de medidas cautelares, en estas seis imputaciones formales, es decir, seis audiencias, se han obtenido importantes elementos de convicción. No solamente lo que la Fiscalía dijo y sostuvo, hay probabilidad de autoría de los delitos imputados, hay suficientes indicios de que se han cometido los delitos y de que hubo un golpe de Estado en Bolivia”, afirmó Siles en una entrevista con la televisora estatal.
El procurador destacó que, en el marco de la investigación, se han allanado domicilios, oficinas y recintos militares, recolectando una gran cantidad de información y documentación. “Es una investigación compleja, pero ya se está determinando y aclarando las fases de planificación, ejecución y consolidación del golpe de Estado (fallido)”, añadió.
Siles también informó que el Ministerio Público ha ampliado la investigación de dos a cinco delitos contra las 24 personas involucradas en el fallido golpe de Estado del 26 de junio, encabezado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Los delitos por los que se juzgará a los acusados incluyen alzamientos contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Inicialmente, el proceso penal se activó por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. No obstante, Siles advirtió que la configuración de otros delitos podría aumentar significativamente las penas. “El máximo delito por el que ahora están siendo imputados los procesados, en este caso, golpe de Estado III, es de 20 años, pero con concurso real y con concurso ideal, puede subir fácilmente a 25 años por la multiplicidad de los delitos”, aseguró.
Esta revelación marca un avance significativo en la investigación de uno de los episodios más turbulentos en la reciente historia de Bolivia, subrayando la gravedad de los hechos y las consecuencias legales para los implicados.