Las intensas lluvias que afectan al país han causado estragos en 45 municipios, con un saldo de 21.248 familias afectadas, 9.014 damnificadas, 410 viviendas destruidas y 16 personas fallecidas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Entre las víctimas fatales, cuatro murieron por descargas eléctricas. En respuesta a la emergencia, más de 2.000 efectivos militares han sido movilizados para realizar labores de rescate y asistencia.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta hidrológica naranja para 56 municipios de La Paz, Beni y Pando, debido al riesgo de desborde de ríos. Asimismo, alertó sobre bajas temperaturas en 82 municipios de Oruro, La Paz y Potosí, un fenómeno atípico para esta época del año. Las heladas en el occidente han incrementado el caudal de cuencas y ríos, intensificando la crisis climática.
Desde noviembre de 2024, los eventos climáticos han afectado a seis departamentos y 287 comunidades, dejando más de 16.000 familias perjudicadas. Dos municipios se han declarado en desastre, mientras que otros cuatro en La Paz enfrentan situaciones similares de emergencia.
Financiamiento urgente para emergencias
El viceministro Calvimontes instó a la Asamblea Legislativa a aprobar un crédito de 75 millones de dólares otorgado por la CAF, destinado a atender emergencias y ejecutar un plan posincendios. Además, un segundo crédito de 250 millones de dólares está a la espera de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Este financiamiento está dirigido a combatir sequías, incendios forestales y emergencias sísmicas, así como a fortalecer la atención sanitaria por covid-19.
“Estos eventos imprevisibles, combinados con reportes de movimientos sísmicos crecientes según el Observatorio de San Calixto, nos mantienen en alerta,” advirtió Calvimontes.
Respuesta inmediata del Gobierno
El Gobierno ha destinado 650.000 bolivianos para la atención de las víctimas, mientras que más de 2.000 efectivos de 37 unidades militares han ejecutado 28 operaciones de rescate y asistencia en las zonas afectadas.
Esta situación pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad del país frente a los desastres climáticos y subraya la necesidad de implementar acciones rápidas e integrales para mitigar los impactos en las comunidades más afectadas.