La modificación de la Ley 767 busca dar un impulso clave a la industria de hidrocarburos en Bolivia mediante la agilización de los contratos de exploración y explotación, eliminando trabas burocráticas y facilitando la inversión. Con el objetivo de atraer tanto capital público a través de YPFB como inversión privada, el cambio en la normativa se enmarca dentro del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), que fue lanzado en 2021 y cuya implementación pretende asegurar la seguridad energética del país y su rol como exportador de gas en la región.
La iniciativa responde a un contexto económico en el que el Gobierno y el sector privado trabajan para enfrentar los desafíos del sector energético. Como parte de esta estrategia, el Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional acelerar el tratamiento del proyecto, que permitiría reducir significativamente los tiempos de espera para la aprobación de nuevos contratos y, con ello, facilitar el inicio de proyectos de exploración y explotación.
El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, explicó que la modificación de la Ley 767 incluirá incentivos adicionales para la producción de gas, expandiendo las categorías de producción y fortaleciendo el marco de atracción de inversiones. “Con estas mejoras, esperamos crear un ambiente más competitivo para la inversión extranjera y nacional en el sector energético”, sostuvo Mayta.
Actualmente, Bolivia se beneficia de condiciones regionales favorables y mantiene un rol estratégico en el suministro de gas a Brasil, además de operar como país de tránsito del gas argentino hacia el mercado brasileño. El Gobierno considera esta posición clave en un momento de transición energética, en el cual el gas es visto como un recurso fundamental para la seguridad energética y la economía nacional.
Plan de Reactivación del Upstream: 56 proyectos en marcha
La Ley 767 se complementa con el PRU 2021-2025, un ambicioso programa que abarca 56 proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y que contempla una inversión de riesgo de alrededor de 1.700 millones de dólares. El plan persigue agilizar la ejecución de estos proyectos, minimizando los tiempos de espera para maximizar los beneficios de producción en el corto y mediano plazo. La meta es generar un crecimiento en las reservas y producción de hidrocarburos mediante la incorporación de inversión extranjera.
“Este es un esfuerzo para ver resultados tangibles en menor tiempo, con el objetivo de fortalecer la economía y la producción energética del país”, destacó Mayta, aludiendo a la posibilidad de ejecutar el total de la inversión en menos de cinco años, si las condiciones económicas lo permiten.
Además, YPFB recibirá nuevos lineamientos para promover la inversión en el sector bajo condiciones competitivas que, de acuerdo con el Gobierno, están diseñadas para atraer capital extranjero en un momento en que otros países de la región buscan igualmente captar inversiones para sus sectores energéticos.
La modificación de la Ley 767 se presenta en un momento crítico para Bolivia, ya que la agilización de los procesos de inversión no solo busca aumentar la producción y exportación de hidrocarburos, sino también inyectar divisas al país, fortalecer su economía y asegurar el abastecimiento energético interno. Según el viceministro Mayta, esta “ventana de oportunidad” en el mercado regional podría beneficiar significativamente a Bolivia, fortaleciendo su rol como proveedor de energía para países vecinos y consolidando su autosuficiencia energética en una fase de transición hacia fuentes más limpias.
Con esta reforma, Bolivia espera no solo captar mayores inversiones, sino también acelerar la implementación de proyectos que contribuyan a la estabilidad y el crecimiento de su economía energética, proyectando un futuro de mayor competitividad y sostenibilidad en el sector hidrocarburífero.