El expresidente y líder de una facción del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, se encuentra bajo una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía en octubre por el delito de trata de personas con agravante. Sin embargo, la notificación formal a la Policía Boliviana, necesaria para ejecutar la orden, aún no se ha realizado.
El pasado lunes 16 de diciembre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó públicamente la existencia de la orden. Pese a ello, este viernes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que la Policía no ha recibido la notificación oficial. “Una vez que la notificación sea recibida, la Policía deberá cumplir estrictamente con la ejecución de esta orden”, declaró Ríos.
La orden ha sido mantenida en reserva debido a la sensibilidad del caso y las amenazas recibidas por la fiscal encargada. Ríos destacó que revelar información adicional podría poner en peligro la seguridad de las personas involucradas.
La defensa legal de Morales calificó la investigación como un intento de inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025. Los abogados Cecilia Urquieta y Marcelo Galván denunciaron irregularidades en el proceso y supuestas violaciones a los derechos fundamentales de su cliente. “Este es un caso armado con fines políticos”, afirmaron en una conferencia de prensa ofrecida tras la presentación de la imputación formal por parte de la Fiscalía.
Dudas sobre el sistema judicial
En paralelo, se emitió una alerta migratoria para impedir que Morales salga del país. Sin embargo, el retraso en la notificación a la Policía genera cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial para manejar casos de alta relevancia política y mediática.
La situación ha intensificado la tensión en el escenario político y jurídico nacional, mientras diversos sectores exigen claridad y transparencia en el manejo del caso. Por ahora, el desenlace sigue siendo incierto, marcando un nuevo capítulo en la polarizada historia política de Bolivia.