La minería aurífera que vulnera los territorios de los pueblos indígenas en la Amazonía boliviana, el uso del mercurio que contamina los ríos y episodios de violencia han entrado al parque natural Madidi levantando reclamos para proteger esa joya de la biodiversidad del mundo y a las etnias que la habitan.
“Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció a France 24 la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas, que vive en el corazón del Madidi.
“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la también líder de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia es que las cooperativas mineras, que son un sector influyente en el Gobierno de Luis Arce como lo fueron en el de Evo Morales (2006-2019), están ocupando áreas superpuestas a los territorios indígenas debido a las contradicciones entre la legislación para proteger esas zonas y la política extractivista de recursos naturales.
Si bien la Constitución de 2009 reconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contradictoriamente el Estado desde el 2014 ha aprobado leyes que permiten los asentamientos mineros que “arriesgan nuestra existencia” en el Madidi, sostuvo la dirigente indígena.
El fondo del problema es la “fiebre del oro” que vive esa región debido a los precios del mineral precioso al punto de que se ha convertido en el principal producto exportado en 2021 por Bolivia con un valor de 2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.
La minería ha volcado a muchas personas a la Amazonia para explotar el oro con dragas y mercurio en los ríos Beni y Tuichi provocando que pueblos como el de los Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean “destruidas sus propias opciones de vida”, sostuvo la dirigente indígena.
Alipaz entiende que la explosión de la minería aurífera tiene que ver con la pobreza de mucha gente, pero también, según dijo, con la presencia incluso de empresas chinas y colombianas que operan con dragas y maquinaria pesada que amenazan la vida de las etnias, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.
El Madidi posee una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el noroeste de Bolivia, fronterizo con Perú, y es considerado como un paraíso de nivel mundial para la ciencia por la diversidad de flora y fauna que ha revelado en los últimos años.
El Parque Madidi posee una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el noroeste de Bolivia, fronterizo con Perú, y es considerado como un paraíso de nivel mundial para la ciencia por la diversidad de flora y fauna que ha revelado en los últimos años.
El Gobierno ha negado haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dijo que rechazó 97 peticiones de empresas, pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.
Sin embargo, según los indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose y no hay quien las controle, generando escenarios de confrontación.
Los niveles de mercurio alarmantes en los indígenas
Uno de los ángulos alarmantes del problema es el nivel de mercurio detectado en los indígenas a partir de su consumo del pescado contaminado con ese metal usado en los ríos para explotar el oro.
El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) constató a fines del 2021 que en 350 muestras de cabellos de los indígenas de la zona se ha detectado en promedio la presencia de 7 partes por millón (ppm) de mercurio, cuando lo tolerable, según la Organización Mundial de la Salud, es solo 1ppm.
La investigación incluso detectó el extremo de una persona con 27ppm.
El director del CEDIB, Oscar Campanini, dijo a France 24 que el estudio se complementará en agosto con un análisis sobre el sector etario más afectado, las actividades económicas y el consumo de alimentos, “aunque todos los indicios dan cuenta de que el pescado es el canal de contaminación con mercurio”.
Campanini, que también participó en la audiencia de la CIDH, dijo que ve “muy poca o nula voluntad política” en el Estado para reducir o eliminar el mercurio, pese a que el país ha firmado el convenio de Minamata (Japón) y tiene plazos encima para presentar sus planes regulatorios y de acción.
En la audiencia de marzo en la CIDH, el relator de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió que la exposición al mercurio genera discapacidades graves y “puede ser letal” y recordó que se han comunicado las preocupaciones sobre el aumento de las importaciones y el “tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países” como Perú y Colombia.
Vía: France 24