La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este viernes que el juicio contra el expresidente Evo Morales quedará suspendido hasta que este se presente ante la Justicia. Morales fue declarado en rebeldía por el juez Nelson Rocabado, quien emitió una orden de aprehensión, dispuso su arraigo nacional, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes.
El líder cocalero enfrenta una investigación por el presunto embarazo de una menor de 15 años en 2016, cuando ocupaba la presidencia del país. En octubre de 2024, el Ministerio Público lo imputó por el delito de trata agravada de personas.
Medidas legales adoptadas
La declaratoria de rebeldía fue determinada tras la inasistencia de Morales a su audiencia de medidas cautelares. De acuerdo con la fiscal Gutiérrez, el juez desestimó los certificados médicos y otros documentos presentados por la defensa al considerarlos insuficientes para justificar su ausencia.
“El mandamiento de aprehensión ya fue emitido por el juez. Ahora estamos a la espera de que este sea remitido por Secretaría para proceder con los pasos correspondientes”, detalló la fiscal.
La defensa legal de Morales intentó recusar al juez encargado del caso, pero la solicitud fue rechazada. Gutiérrez explicó que los argumentos presentados no representaban un impedimento jurídico válido, conforme al artículo 88 del Código de Procedimiento Penal.
Contexto y repercusiones
La suspensión del juicio añade un nuevo episodio a un proceso judicial que ha captado la atención nacional. Las medidas adoptadas por el juez buscan garantizar la presencia del expresidente en el tribunal y salvaguardar bienes y recursos ante una eventual condena.
El caso también pone en el foco los desafíos de la Justicia boliviana para avanzar en procesos contra figuras de alto perfil y plantea interrogantes sobre el impacto político y social de las acusaciones que enfrenta Morales.
Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a los próximos pasos de las autoridades judiciales para ejecutar la orden de aprehensión y garantizar el desarrollo del proceso penal.