El Juzgado Cuarto Anticorrupción de La Paz envió este lunes un exhorto suplicatorio a la Cancillería de Bolivia para gestionar la extradición de Luis Enrique Iturralde Moreno, propietario de la inmobiliaria Kantutani, quien actualmente cumple detención domiciliaria en Perú. Iturralde enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en el deslizamiento ocurrido en la zona de Bajo Llojeta, que sepultó más de 40 viviendas y causó la muerte de una niña de cinco años.
“Hoy, lunes 20 de enero, se remitió el exhorto suplicatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería boliviana, para que la autoridad competente de la República del Perú dé curso a la extradición solicitada por el Estado boliviano”, declaró Mirtha Mejía, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, durante una conferencia de prensa.
Iturralde fue detenido en Perú el 27 de noviembre de 2024 tras la activación de una notificación roja de Interpol. Según su defensa, el empresario viajó inicialmente a Chile por motivos de salud pocos días después del desastre. No obstante, las autoridades bolivianas lo señalan como responsable de las operaciones de la inmobiliaria Kantutani, acusada de realizar movimientos de tierra en el Cementerio Los Andes, lo que habría desatado el fatal deslizamiento.
La Fiscalía ha imputado a Iturralde por cuatro delitos: peligro de estrago, lesiones graves y leves, homicidio culposo, y daño calificado. Además, el 9 de enero de 2025, se emitió una orden de aprehensión luego de que el empresario no se presentara a una audiencia virtual programada.
El deslizamiento, registrado la noche del 23 de noviembre de 2024 tras intensas lluvias, arrasó con gran parte de Bajo Llojeta. La mazamorra destruyó viviendas, provocó la trágica muerte de una menor y dejó a decenas de familias en la incertidumbre.
La extradición de Iturralde se considera un paso clave para esclarecer las responsabilidades en este caso y buscar justicia para las víctimas. Mientras tanto, el empresario permanece bajo vigilancia en Perú, a la espera de que las autoridades judiciales de ambos países tomen una decisión definitiva.