Un juez determinó este jueves tres meses de detención preventiva para el alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe, en el penal de Patacamaya. La medida surge en el marco de la investigación por su presunta responsabilidad en el deslizamiento ocurrido en la zona de Bajo Llojeta, el pasado 23 de noviembre, que dejó un saldo devastador: una menor fallecida, más de 100 viviendas afectadas y al menos 40 casas anegadas de lodo.
El fiscal Franklin Alborta informó que la decisión responde a la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar el avance de las investigaciones. “Se determinó la medida extrema de la detención preventiva por el plazo de tres meses”, explicó.
El caso: deslizamiento en Bajo Llojeta
El desastre ocurrió luego de una intensa lluvia que generó un deslave en Bajo Llojeta. La fiscalía investiga a Condori por haber autorizado el movimiento de tierras en la zona, una acción que habría contribuido al colapso del terreno. Más de diez personas fueron rescatadas tras el deslizamiento, mientras que los damnificados aún enfrentan las secuelas del incidente.
La tragedia en Bajo Llojeta provocó un debate sobre la responsabilidad de las autoridades municipales en la planificación y control de obras en áreas vulnerables, aumentando la presión social y política en torno al caso
Protestas y apoyo al alcalde
Durante la jornada de la audiencia, varios sectores sociales de Achocalla se movilizaron en apoyo al burgomaestre. Decenas de comunarios se congregaron en las afueras del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, coreando consignas en defensa de Condori y exigiendo su liberación.
En respuesta al fallo, los manifestantes anunciaron un bloqueo en el botadero municipal de La Paz, ubicado en el relleno sanitario de Alpacoma. “Seguimos en estado de emergencia. Nos vamos a quedar toda la noche”, declaró uno de los asistentes a la vigilia que reforzó su presencia en horas de la noche.
Implicaciones del fallo
La detención preventiva del alcalde Condori representa un golpe político significativo para la gestión municipal de Achocalla y podría agravar las tensiones entre los sectores sociales y las autoridades judiciales. Además, los bloqueos anunciados por los comunarios en el ingreso al botadero municipal podrían generar problemas para la recolección de residuos en la ciudad de La Paz, afectando a miles de ciudadanos.
El caso también pone en evidencia la necesidad de mejorar las políticas de prevención y gestión de riesgos en zonas propensas a deslizamientos, así como la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Con la atención pública centrada en los resultados de la investigación, la detención preventiva del alcalde marca un precedente importante en la lucha por la responsabilidad institucional frente a desastres urbanos.
Las próximas semanas serán decisivas para determinar el curso de las acciones legales y el impacto social de este caso.