El juez Nelson Rocabado declaró este viernes en rebeldía al expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por trata y tráfico de personas, donde se le acusa de presuntamente haber tenido un hijo con una adolescente durante su mandato presidencial.
Como parte de su resolución, el juez emitió un nuevo mandamiento de aprehensión contra Morales, además de ordenar su arraigo, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes. Estas medidas se suman a una serie de acciones legales emprendidas en su contra.
Ausencia y decisiones judiciales
La decisión judicial fue adoptada luego de que Morales no se presentara, por segunda vez, a una audiencia programada en el Juzgado Quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija. Su defensa justificó la ausencia con certificados médicos que alegaban problemas de salud, pero estos no fueron suficientes para evitar que el proceso continuara. La audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, culminó con la declaración de rebeldía.
Durante la sesión, el abogado de Morales, Jorge Pérez, intentó recusar al juez alegando falta de imparcialidad. No obstante, el recurso fue rechazado y la audiencia siguió adelante.
Acusaciones y postura de la defensa
La defensa del exmandatario calificó el caso como una persecución política y sostuvo que Morales es inocente de las acusaciones. Asimismo, argumentó que el proceso incurre en “doble juzgamiento”, una figura prohibida por la normativa legal boliviana.
Por otra parte, la madre de la presunta víctima enfrenta cargos similares por supuestamente haber tenido conocimiento de la relación y no haberla denunciado. En una audiencia anterior, también fue declarada en rebeldía.
Contexto e implicaciones
La declaración de rebeldía y las medidas dispuestas contra Evo Morales representan un nuevo capítulo en los enfrentamientos legales que enfrenta tras dejar la presidencia. Este caso, de gran sensibilidad política y social, agudiza las tensiones en un escenario ya polarizado en Bolivia.
El desenlace del proceso será crucial, no solo para determinar la situación jurídica del exmandatario, sino también para evaluar su impacto en el ámbito político y en la opinión pública del país.