La Justicia decidió este martes ampliar por tres meses la detención preventiva del excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga; del excomandante de la Armada, Juan Arnés; y del excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército, Édison Irahola. Los tres están acusados de participar en los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado.
Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que persistían riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstrucción a la investigación. Además, justificó la necesidad de la medida con base en actos investigativos aún pendientes, entre los que se incluyen el análisis de dispositivos electrónicos, la revisión de imágenes y una inspección técnica en el Comando General del Ejército y la Plaza Murillo.
La Fiscalía describió el caso como de “alta complejidad”, debido al gran número de imputados y al contexto político del país. También destacó que los procedimientos se han visto complicados por el despliegue de militares y vehículos blindados desde diferentes regiones, así como por la dispersión geográfica de los detenidos.
Antecedentes del caso
El 26 de junio de 2024, Zúñiga encabezó un operativo en el que militares armados y vehículos blindados tomaron la Plaza Murillo, en lo que fue interpretado como un intento de ingresar al Palacio Quemado, donde se encontraban el presidente Luis Arce y su gabinete. Durante el incidente, un vehículo blindado derribó una de las puertas del edificio patrimonial, lo que desencadenó un enfrentamiento verbal entre Arce y Zúñiga, quien se negó a retirar las tropas.
Tras los hechos, el presidente destituyó al Alto Mando Militar y ordenó el repliegue inmediato de las fuerzas armadas. El Gobierno calificó la acción como un “golpe de Estado fallido”.
Situación de los imputados
Actualmente, Juan José Zúñiga se encuentra detenido en el penal de El Abra, en Cochabamba, mientras que Juan Arnés y Édison Irahola están recluidos en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad. Los tres enfrentan cargos por alzamiento armado y terrorismo, delitos considerados graves en el marco de la legislación boliviana.
El proceso incluye a más de 100 investigados, entre militares y civiles, de los cuales 26 están bajo detención preventiva. La defensa de los exjefes militares ha apelado la decisión judicial, argumentando que esta vulnera el derecho al debido proceso.