Sucre es sede este jueves del tercer Encuentro Multisectorial, donde diversos sectores productivos y gremiales expresan su rechazo a la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financiera, que autoriza el decomiso de productos a quienes incurran en agio y especulación. Representantes de agropecuarios, exportadores, transportistas, cuentapropistas y otros sectores anunciaron medidas de presión si el Gobierno no deroga esta polémica norma.
César Gonzales, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, advirtió que, de no resolverse el conflicto, el próximo 10 de febrero se convocará a una movilización nacional. “Todos los sectores de la cadena productiva saldremos a las calles: productores, transportistas, comerciantes medianos y grandes”, afirmó.
El encuentro también aborda otros temas críticos, como los créditos bancarios impuestos, la facturación electrónica, la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el alza de pasajes. Participan organizaciones de diversos departamentos, reflejando el descontento generalizado.
Por su parte, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo con el sector empresarial, luego de que sus representantes no asistieran a una mesa de negociación convocada el martes para discutir la aplicación y reglamentación de la Disposición Séptima. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, aseguró que el sector productivo está abierto al diálogo, pero exigió ser escuchado. “Nosotros no confabulamos, nosotros producimos”, subrayó.
El conflicto pone en evidencia la tensión entre el Gobierno y los sectores productivos, con implicaciones económicas y sociales que podrían intensificarse si no se alcanza una solución pronta. La medida confiscatoria ha generado preocupación por su posible impacto en la cadena de suministros y la estabilidad económica del país.