Este miércoles, la Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó un revelador informe titulado “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). El documento expone la crítica situación de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios del país, destacando que más de la mitad, un 55,39%, son madres o están embarazadas, y muchas de ellas conviven con sus hijos menores de seis años en condiciones precarias.
El informe, presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, subraya que esta realidad agrava la vulnerabilidad de las mujeres encarceladas, quienes ya enfrentan una serie de desventajas dentro del sistema penitenciario. La convivencia con sus hijos en un entorno carcelario, marcado por el hacinamiento y la falta de recursos, no solo representa un desafío para las madres, sino también un drama social que impacta a sus familias. Muchas de estas mujeres son el sostén de sus hogares, y al ser encarceladas, deben dejar a sus hijos mayores de seis años al cuidado de terceros, aumentando así la carga emocional y económica sobre sus seres queridos.
El estudio también revela que al menos 145 niños y niñas menores de seis años viven junto a sus madres en las cárceles bolivianas, expuestos a las mismas condiciones adversas que ellas. La investigación, basada en datos recogidos por el MNP durante visitas a los centros penitenciarios entre 2023 y junio de 2024, pinta un panorama preocupante del sistema penitenciario femenino en el país. Según el informe, la población carcelaria femenina aumentó un 12,5% en la primera mitad de 2024, con un incremento notable del 13,38% en los tres departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
El informe destaca que el 72% de las mujeres privadas de libertad se encuentran concentradas en centros penitenciarios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, siendo Santa Cruz el departamento con el mayor número de internas, con 630 hasta el 2023, seguido por La Paz con 433 y Cochabamba con 276.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha instado a las autoridades competentes a desarrollar una política criminal más objetiva y humanitaria, que no solo proteja a las mujeres encarceladas, sino también a los niños que viven con ellas en las cárceles. La implementación de medidas efectivas para abordar las condiciones de vida de estas mujeres y sus hijos es crucial para mitigar el impacto de la privación de libertad en sus familias y, por ende, en la sociedad boliviana en general.