Representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y autoridades gubernamentales instalaron una mesa de diálogo en el Ministerio de Justicia para analizar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La norma regula el decomiso de productos en casos de agio, especulación o retención indebida, generando posturas encontradas entre los sectores productivos y el Gobierno.
La disposición faculta a las entidades competentes a realizar controles, fiscalizaciones y decomisos de productos cuando se detecte el almacenamiento de bienes esenciales con la intención de encarecer sus precios. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar el acceso a alimentos y productos básicos, especialmente en contextos de especulación o contrabando.
Preocupación en el sector empresarial
El sector industrial y agropecuario expresó su rechazo a la normativa, argumentando que podría generar inseguridad jurídica y afectar el normal desarrollo de las actividades económicas.
“El alcance de esta norma es preocupante porque abre la puerta a abusos y extorsiones, en lugar de atacar los problemas estructurales como el incremento de la producción o la mejora en la distribución”, declaró José Luis Farah, presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro).
Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la CNI, alertó sobre el impacto negativo que la medida podría tener en la confianza de los actores del mercado, destacando que la producción y el comercio requieren de condiciones claras y previsibles para su desarrollo.
La posición oficial
En contraste, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, defendió la disposición y aclaró que su aplicación está dirigida a combatir prácticas especulativas y contrabando en zonas fronterizas.
“Esta norma no afecta a los comerciantes legales que manejan un stock regular para abastecer al mercado. El objetivo es proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad de precios”, enfatizó Silva, al subrayar que la medida está en línea con los esfuerzos del Gobierno para frenar el agio y la especulación.
Tensión y búsqueda de consenso
El debate evidencia la tensión entre las políticas gubernamentales para garantizar el acceso a productos esenciales y las demandas de los empresarios, que piden condiciones de mayor seguridad jurídica.
Mientras el Gobierno defiende la disposición como un instrumento necesario para enfrentar el contrabando y proteger la economía, los gremios productivos insisten en que podría generar incertidumbre, desincentivar la inversión y agravar problemas de escasez.
Las negociaciones entre ambas partes continúan, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que equilibre la protección al consumidor y el respaldo al sector productivo.