Infobae.- El número de delitos de secuestros y extorsiones ha aumentado en Ecuador, pese a que desde el pasado 8 de enero se encuentra en vigor un estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la ola de violencia criminal que se desató en el país a comienzos de año.
Entre enero y el viernes pasado, la cifra de extorsiones y secuestros ha llegado a 1.543, y en el caso de la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más castigadas por la espiral de violencia, se ha quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado, según informó este domingo el canal de televisión Ecuavisa.
Las estadísticas oficiales precisan que en Guayaquil entre enero y el 8 de marzo del año pasado la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero en el mismo periodo de este año ese volumen trepó a 618.
La provincia de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil, es la más castigada por este segmento de delitos con 650 casos reportados, seguida de la costera de Esmeraldas (noroeste) con 189, y la andina de Pichincha (centro-norte y cuya capital es Quito) con 166 denuncias.
Según las autoridades, los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre 2.000 y 200.000 dólares por cada víctima, apuntó la fuente.
El jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, aseguró que muchos de los detenidos por este tipo de delitos son reincidentes y se lamentó de que varios de ellos hayan abandonado pronto las prisiones y vuelvan a integrar las bandas criminales.
El pasado viernes, la Policía había mostrado a la prensa a 13 personas sospechosas detenidas en operaciones contra secuestros y extorsiones, pero dijo que varios de ellos tenían antecedentes por los mismos delitos.
Además, mencionó sobre la crueldad de los secuestradores, pues puso como ejemplo que a una víctima los delincuentes le cercenaron dedos como pruebas de vida y para amedrentar a los familiares con el cumplimiento de los pagos exigidos.
El pasado 8 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días ante la situación de conmoción y conflicto armado interno por una serie de atentados y acciones violentas de las bandas criminales a escala nacional.