En el marco de la primera etapa del Plan de Acción de Operativos de Control en Hidrocarburos, llevado a cabo del 11 de junio al 12 de julio, se han incautado más de 282,000 litros de combustible, de los cuales el 95% es diésel. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las Fuerzas Armadas bolivianas han intensificado sus esfuerzos para frenar el uso ilícito de carburantes, especialmente en actividades de minería ilegal.
El director de la ANH, Germán Jiménez, informó este viernes sobre los resultados del operativo, destacando la aprehensión de 148 personas y la incautación de 129 vehículos utilizados en estos delitos. “Hemos incautado más de 282 mil litros con un resultado de 129 vehículos incautados como instrumentos utilizados para el delito y más de 148 personas aprehendidas”, señaló Jiménez.
En total, durante los 32 días de la primera fase del plan, se desplegaron 11,200 efectivos militares y más de 3,840 funcionarios de la ANH en 120 estaciones de servicio. Jiménez subrayó que el diésel incautado se utiliza mayoritariamente en la minería ilegal, por lo que se están redoblando esfuerzos para evitar que los combustibles lleguen a actividades ilícitas.
Por su parte, el viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Augusto García, destacó los logros obtenidos a través del Plan de Control de los Hidrocarburos y recordó que estos operativos se realizan en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el Decreto 4911. “Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, en el artículo 245, específicamente señala que su misión es coadyuvar al desarrollo integral del país”, indicó García.
García también mencionó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Decreto Supremo 4911, que incluyen a las Fuerzas Armadas en la labor de control, fiscalización y distribución de los carburantes. Según el viceministro, los operativos están mostrando resultados positivos para la economía nacional y la población boliviana.
Este esfuerzo conjunto entre la ANH y las Fuerzas Armadas subraya el compromiso del gobierno boliviano de combatir el uso ilegal de hidrocarburos y proteger los recursos energéticos del país.