El empresario Luis Enrique Iturralde, representante legal de la Inmobiliaria Kantutani, enfrenta cargos formales por su presunta responsabilidad en el deslizamiento ocurrido en la zona Llojeta, La Paz, el pasado 23 de noviembre, que dejó una niña fallecida y múltiples daños materiales. La Fiscalía solicitó su detención preventiva por 60 días en el penal de San Pedro.
El deslizamiento de más de 5.000 toneladas de tierra afectó entre 20 y 30 viviendas y causó heridas a varias personas. Según la imputación, Iturralde está acusado de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. Los fiscales José Omar Yujra y Franklin Alborta, en un documento de 37 páginas, presentaron 93 indicios, incluidos testimonios de vecinos que responsabilizan al empresario y a la administración del Cementerio Los Andes.
El hecho, registrado alrededor de las 18:30, habría sido ocasionado por el embovedado del río Pasajahuira y el movimiento de tierra en el área, proyectos supuestamente autorizados de manera negligente. Iturralde, actualmente retenido en Perú, asegura que su salida del país tras el incidente se debió a razones médicas previamente programadas.
Por este caso, también están detenidos el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y tres empleados de la inmobiliaria. Además, los subalcaldes de Cotahuma y Achocalla enfrentan cargos por incumplimiento de deberes y lesiones graves.
El proceso evidencia graves irregularidades en la gestión de proyectos urbanos y abre el debate sobre la responsabilidad compartida entre autoridades locales y empresas privadas en la prevención de desastres.