A partir de este jueves, entra en vigor el nuevo marco normativo que regula la importación privada de combustibles en Bolivia, estableciendo un cambio significativo en la dinámica del mercado energético del país. Esta medida, amparada en el Decreto Supremo 5271 y complementada por la Resolución 208/2024, permite a empresas privadas importar y comercializar diésel y gasolina bajo estrictos parámetros definidos por el Gobierno.
El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, aseguró que los plazos fijados para la implementación de la normativa se están cumpliendo. Según explicó, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) será la encargada de establecer una metodología de cálculo para determinar los precios referenciales de estos combustibles, garantizando la transparencia en la formación de costos.
Con el objetivo de agilizar el proceso, se han habilitado ventanillas únicas de importación en Santa Cruz y La Paz, ambas situadas en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas instancias concentrarán los procedimientos administrativos y operativos requeridos, facilitando la implementación del sistema y reduciendo tiempos para los importadores.
Control de calidad y diferenciación
Por su parte, el director de la ANH, Germán Jiménez, enfatizó que los combustibles importados deberán cumplir con rigurosas especificaciones técnicas para garantizar su calidad. Además, señaló que se evitarán mezclas indebidas con los combustibles subvencionados que circulan en el mercado interno.
Como medida adicional, los combustibles importados serán identificados con colores específicos para diferenciarlos:
- Diésel: Azul.
- Gasolina RON 85-94: Verde.
- Gasolina RON mayor a 95: Naranja.
Jiménez explicó que, al no estar sujetos a subsidios, los precios de estos combustibles se ajustarán diariamente de acuerdo con las fluctuaciones internacionales del petróleo, reflejando así la realidad del mercado global.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca fomentar la participación del sector privado en la provisión de combustibles, garantizar la calidad de los productos disponibles y mantener la sostenibilidad del sistema energético en el país.
Primeras autorizaciones
Según Joel Callao, gerente de Comercialización de YPFB, ya se ha autorizado a 18 empresas a importar más de 20 millones de litros de combustible, destinados tanto a consumo propio como a comercialización. Sin embargo, las estaciones de servicio que adquieran estos productos no podrán vender combustibles subvencionados, una medida que busca evitar distorsiones en el mercado y garantizar la competencia leal.
Este nuevo modelo refuerza el control estatal mientras abre el espacio a la iniciativa privada, con el objetivo de garantizar un suministro eficiente y transparente. Las implicaciones para consumidores y empresas serán monitoreadas de cerca en los próximos meses.