El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, advirtió este jueves que el Gobierno nacional no derogará los decretos supremos 4910 y 4911, que regulan la venta de combustible, porque es necesario para el país; sin embargo, dijo que están abiertos al diálogo.
“Nosotros hemos manifestado ayer, inclusive en varias conferencias y en varias entrevistas, de que hay toda la voluntad para llevar adelante la solución, pero queremos manifestar que en ningún momento se van a derogar las medidas que se están implementando porque son necesarias”, sostuvo Molina.
La autoridad negó que en los puntos de distribución se restrinjan la venta de combustible de más de 120 litros, pero informó que se modificó las normas para precisar algunas ambigüedades. Por ejemplo, que una moto no pueda cargar, en un corto tiempo, 400 veces, sería ilógico.
Desde el martes, los productores de caña y soya, junto a transportistas, bloquean la ruta Santa Cruz – Cochabamba en demanda de la derogación de los decretos supremos; además, los dueños de micros en la capital cruceña y otros sectores anunciaron que se sumarán a las protestas.
Los productores cruceños advirtieron que la medida será de forma indefinida porque no están de acuerdo que se regule la entrega de combustible.
Hace unas semanas, la dirección nacional del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió que los productores de la región del trópico de Cochabamba también se movilizarán.
El ministro de Hidrocarburos reiteró que el Gobierno nacional está dispuesto a dialogar para dar solución a las demandas de los sectores productores y subrayó que los decretos fueron socializados con alrededor de 60 sectores.
Respecto a un posible desabastecimiento del combustible, Molina explicó que esa situación es real debido a los bloqueos de caminos.
“Lógicamente, el bloqueo está perjudicando, no solamente a todo el sector de transporte (…). Hay alrededor de 50 cisternas varadas con combustible que no podían llegar hasta las distintas estaciones de servicio”, aseguró la autoridad.
Los decretos tienen la finalidad de fortalecer los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de combustible debido al desvío y contrabando del carburante subvencionado.