El Gobierno nacional ha autorizado, a través del Decreto Supremo 5271, la libre importación y comercialización de carburantes por parte de empresas privadas durante un año, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional. Así lo confirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, en una rueda de prensa realizada este miércoles.
La medida busca aliviar la situación crítica en algunas regiones del país, particularmente en Santa Cruz, donde en las últimas semanas se han reportado largas filas en estaciones de servicio debido a la falta de diésel y gasolina. Esta escasez ha sido atribuida a bloqueos de caminos por simpatizantes del expresidente Evo Morales, quienes mantuvieron cerradas importantes rutas de transporte por 24 días. Diversas instituciones de Santa Cruz habían pedido al Gobierno una respuesta urgente ante el desabastecimiento.
Claves del Decreto Supremo 5271
El Decreto Supremo 5271 permite a las personas naturales o jurídicas privadas importar y comercializar diésel y gasolina en el mercado interno. Esto representa una ampliación del alcance de la medida implementada con el Decreto Supremo 5218, que autorizaba la importación solo para consumo propio. Ahora, cualquier empresa privada que cumpla con los requisitos establecidos puede distribuir combustibles.
Según Gallardo, esta autorización excepcional convivirá con la importación y venta a “precio subvencionado” que continúa gestionando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esto significa que los precios no regulados de los importadores privados pueden estar por encima de los precios que YPFB ofrece, debido al costo de la importación directa.
Implicaciones y reacciones
La decisión del Gobierno marca un cambio significativo en la política energética, al abrir el mercado de los hidrocarburos a operadores privados, quienes ahora pueden competir en la oferta de carburantes en todo el país. Este paso se ha tomado en un contexto de escasez recurrente de combustibles en ciertas zonas, y la expectativa es que esta medida reduzca la presión sobre YPFB y agilice el abastecimiento en estaciones de servicio.
Organizaciones empresariales y de transporte, principalmente en Santa Cruz, han celebrado la disposición como una respuesta a las necesidades inmediatas del sector. No obstante, algunos analistas advierten sobre posibles efectos en los precios de los combustibles, ya que la importación privada no cuenta con subsidios del Estado y podría reflejarse en costos más altos para los consumidores.
Por otro lado, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales expresaron preocupación por una posible liberalización del mercado de los carburantes, argumentando que podría poner en riesgo la estabilidad de los precios y aumentar la dependencia de importaciones.
La implementación de esta medida será observada de cerca en los próximos meses, pues será fundamental para determinar si se logra mitigar el desabastecimiento y estabilizar el mercado de combustibles en el país, señalan analistas.