El Gobierno nacional reafirmó su voluntad de dialogar con los sectores que rechazan la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), relacionada con decomisos, y subrayó su intención de esclarecer los alcances de la medida. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó la apertura gubernamental para abordar las inquietudes de los sectores afectados.
“Una vez más reiteramos nuestra predisposición al diálogo. Los convocamos para explicar el objetivo de esta disposición, que busca proteger a las familias y prevenir la especulación, el agio y el ocultamiento de productos”, manifestó Alcón.
Si bien no se anunciaron fechas concretas para las negociaciones, la viceministra informó que ya se están desarrollando reuniones con diversos sectores, como los gremiales. No obstante, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de anular la norma, una demanda clave de agropecuarios e industriales.
Protestas en puerta
Industriales y productores, principales sectores opositores a la disposición, anunciaron movilizaciones a partir del 10 de febrero si el Gobierno no elimina la normativa. Argumentan que esta tiene un carácter confiscatorio y amenaza la seguridad jurídica.
“Esta norma pone en riesgo nuestras actividades y genera incertidumbre”, señalaron voceros del sector productivo, quienes además exigen mayor claridad sobre su aplicación y alcances.
Defensa gubernamental
Por su parte, Alcón defendió la disposición, asegurando que no busca perjudicar a empresarios ni comerciantes. “El objetivo principal es garantizar transparencia en el comercio y proteger a la población de prácticas especulativas que afectan el acceso a productos esenciales”, enfatizó.
El llamado al diálogo busca prevenir conflictos sociales y construir consensos entre las partes, en medio de la creciente tensión. Sin embargo, la falta de certezas sobre una posible modificación o anulación de la norma mantiene en alerta a los sectores productivos, que advierten sobre un posible impacto negativo en la economía nacional.
Mientras las reuniones avanzan, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas del sector privado con las políticas destinadas a proteger a los consumidores. La disposición, concebida como un mecanismo para evitar el desabastecimiento y la especulación, sigue siendo objeto de un intenso debate público.