El Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anunció el quiebre definitivo del diálogo con el sector evista que impulsa bloqueos en las principales rutas que conectan Cochabamba y Santa Cruz. Alcón calificó las demandas del grupo, que incluye la anulación de procesos judiciales contra Evo Morales, como “político personales” y enfocadas en obtener impunidad para el expresidente, actualmente investigado por un caso de estupro y trata y tráfico de personas.
El representante del bloque evista, Ponciano Santos, condicionó cualquier intento de diálogo a la cancelación de las causas judiciales contra Morales, el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ —dominado por sectores afines al expresidente— y el aval para su candidatura en futuras elecciones. Estas exigencias fueron interpretadas por el Gobierno como un intento de manipular el sistema judicial y político en favor de Morales.
Alcón sostuvo que las demandas del bloque evista no tienen un sustento social legítimo, sino que responden a intereses electorales y personales de su líder. “Están buscando impunidad para Evo Morales”, declaró la viceministra, y aclaró que el Gobierno siempre está dispuesto al diálogo cuando se trata de atender necesidades de la población, pero no ante demandas de carácter electoral o judicial que no corresponden al ámbito del Ejecutivo.
El lunes, Morales y otros cinco delegados fueron convocados a una mesa de diálogo para tratar las demandas sociales planteadas por el evismo. Sin embargo, este encuentro no se concretó debido a que las condiciones planteadas por el bloque evista, según el Gobierno, exceden las competencias del Ejecutivo. “Los procesos judiciales no le corresponden al Gobierno. Lo mismo ocurre con el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ y la candidatura de Morales, que son asuntos que deben ser tratados por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional”, explicó Alcón.
Además, la viceministra reiteró que la Constitución Política del Estado impide la candidatura de Morales, por lo que su postulación sería inconstitucional. “Es un bloqueo con demandas político personales y electorales que perjudican a la población”, advirtió.
Este martes, las movilizaciones organizadas por los sectores que apoyan a Morales cumplen su segundo día, afectando gravemente el tránsito y la economía de las familias en la región. Alcón hizo un llamado a los manifestantes a no dejarse presionar y a evitar causar más daño a la población. “Es la economía de las familias la que está siendo afectada directamente”, concluyó.
Este conflicto interno dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) subraya las tensiones entre el evismo y el actual Gobierno, y evidencia una fractura en el partido que pone en riesgo la estabilidad política y social del país.