El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó este jueves a la Cámara de Senadores de incurrir en un “sabotaje conspirativo” luego de que aprobara un proyecto de ley que elimina varios artículos del Presupuesto General del Estado (PGE), incluyendo una disposición sobre confiscación. Según Montenegro, la medida impactará negativamente en la política económica nacional y restringirá herramientas clave para el desarrollo del país.
En conferencia de prensa, Montenegro advirtió que la derogación del artículo 7 del PGE, relacionado con la confiscación, también suprime otros 11 artículos que, según el Gobierno, son fundamentales para el financiamiento y la estabilidad económica. “Es un sabotaje conspirativo contra la economía popular”, afirmó, asegurando que estas medidas “estrangulan” las finanzas nacionales.
Entre las consecuencias señaladas por el ministro, destacan:
-Financiamiento vía bonos de carbono: Se pierde una alternativa para obtener recursos mediante este mecanismo.
-Reducción de tasas de interés: La eliminación de garantías colaterales dificultará la obtención de créditos externos con tasas favorables.
-Incentivos a la industrialización: Se suprimen exenciones impositivas, afectando la competitividad del sector productivo.
-Reinversión: Se eliminan estímulos para que las empresas reinviertan en el país.
-Facilidades de pago: Más de 50.000 contribuyentes quedarían en incertidumbre al desaparecer esta opción.
-Producción de biodiesel: Se retira el apoyo a un sector considerado estratégico.
Reacciones y contexto
Montenegro calificó la medida como parte de una actitud recurrente por parte de la mayoría de los senadores, a quienes el Gobierno ha acusado en reiteradas ocasiones de obstaculizar su gestión económica. “Esto confirma lo que hemos venido advirtiendo desde hace más de dos años”, señaló.
La aprobación del proyecto de ley en el Senado se enmarca en un contexto de creciente tensión política y social. Diversos sectores han exigido la eliminación de disposiciones específicas del PGE, en particular aquellas relacionadas con decomisos. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las modificaciones van más allá de lo previsto y tendrán repercusiones adversas para la economía.
Consecuencias para la población
El Gobierno advierte que las medidas derivadas de estas derogaciones afectarán directamente a la ciudadanía, desde contribuyentes que perderán facilidades de pago hasta sectores productivos que verán reducidos sus incentivos. Además, la eliminación de mecanismos de financiamiento externo podría limitar la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de desarrollo.
Mientras el Gobierno reitera su compromiso con la estabilidad económica, la oposición y sectores críticos defienden la necesidad de revisar ciertas disposiciones del PGE. Este enfrentamiento refleja las profundas divisiones políticas del país y su impacto en la toma de decisiones económicas.